Dos partidos, veinte recetas

1. Que el Gobierno respete la división de poderes, elimine el veto parlamentario y cumpla las resoluciones que votan las Cámaras.

2. Recuperar el control de constitucionalidad previa sobre determinadas leyes.

3. Restablecer un gobierno unitario de los jueces elegido íntegramente por ellos.

4. Potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas Autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control.

5. Generalizar las Auditorías externas y realizarlas obligatoriamente cuando miembros de una Corporación Local sean condenados.

6. Publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas.

7. Endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que el contratista haya sido condenado mediante sentencia firme.

8. Hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos. Trasladar al Registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de actividades que tengan lugar a lo largo de la Legislatura.

9. Proposición no de Ley (PNL) para poner en marcha los controles al sistema de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004.

10. PNL sobre desarrollo de la Ley de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General.

El Gobierno y el partido que lo sustenta se jactan de haber impulsado desde su llegada al poder, en 2004, la Fiscalía Anticorrupción que, dicen, el PP había frenado durante la época de José María Aznar. A la espera de consensuar con el principal partido de oposición el tan pregonado «Pacto Anticorrupción» una batería de medidas

1. Disolución del Ayuntamiento de Marbella el 7 de abril de 2006. Primera vez que se disuelve una corporación municipal por corrupción.

2. Se ha triplicado el número de fiscales en la Fiscalía Anticorrupción, pasando de los 10 en 2004 a los 30 actuales.

3. Las Fiscalías Provinciales ya cuentan con secciones especializadas en delito urbanístico.

4. Creación de una unidad especial de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.

5. Aprobación de la Ley del Suelo, que contribuye a mejorar el mercado del suelo para hacerlo más transparente y combatir así la especulación.

6. Creación del procedimiento de coordinación e intercambio de información entre la Agencia Tributaria, Notarios, Registradores y el Catastro.

7. Endurecimiento de penas por corrupción, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal.

8. Se amplían los plazos de prescripción de los delitos de corrupción para impedir impunidad.

9. Aumento de penas para delitos urbanísticos, a fin de impedir que sean rentables. Se castigan también las obras de urbanización ilegales y se regula de forma más precisa la prevaricación urbanística.

10. Se tipifican penalmente las conductas de corrupción en el deporte, como los sobornos llevados a cabo por miembros de entidades deportivas, así como deportistas, árbitros o jueces.