El caso Pujol llega por fin a la Sala que lo juzgará, doce años después de que se iniciase la investigación

«Visto el estado de las presentes actuaciones comuníquese a las partes que el procedimiento ha sido elevado a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Sección Primera, donde se ha abierto el Procedimiento Abreviado PA 1/2024, a donde deberán dirigirse las partes en lo sucesivo», dice la diligencia de ordenación del juzgado que dirige Santiago Pedraz a la que tuvo acceso ABC.

Se llega a esta conclusión después de meses de intercambios en torno a la documentación incautada a la familia Pujol que viajará igualmente a juicio. Las defensas reclamaban un expurgo para sacar del asunto todos aquellos materiales relacionados con su intimidad, desde fotos personales a informes médicos, que estaban en la causa porque fueron intervenidos en los registros y no tenían nada que ver con el procedimiento.

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Primero, fue la Fiscalía Anticorrupción la que se demoró varios meses en marcar los contenidos que consideraba susceptibles de expulsar y luego, los problemas técnicos. Los abogados de la familia Pujol acudieron a la Sala de lo Penal para exigir medidas: no podían acceder a los materiales que se les habían incautado y necesitaban hacerlo a fin de separar los que no eran propios del asunto. Finalmente, y pese a que el juzgado llegó a oficiar al Ministerio de Justicia para que sus técnicos aportasen soluciones, la defensa cejó en el empeño a fin de intentar el expurgo ya cuando el caso llegase a juicio.

Y ese momento está ahora un poco más cerca, cuando Jordi Pujol se acerca a los 94 años de edad, aunque una vista oral en 2024 parece a estas alturas impensable y 2025 es un escenario optimista. Según las fuentes consultadas, se tratará de un juicio de los que se extienden durante varios meses: son 25 procesados (además de los miembros de la familia otros parientes y colaboradores) y rondan los 250 los testigos propuestos, sin contar los peritos y los investigadores que habrán de comparecer.

De fondo, el debate sobre la amnistía, que a priori no tendría por qué beneficiar a los Pujol porque excluye los delitos que generasen un enriquecimiento ilícito, y en perspectiva, una comisión parlamentaria que busque 'lawfare' en la denominada operación Cataluña cuyo máximo exponente, en el relato independentista, es la caída de la familia Pujol.

Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresident, 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 años para su hermano Josep y ocho años para cada uno de los otros cinco hijos por asociación ilícita y falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.