De los Pujol a Ábalos, la corrupción protagonizará los tribunales también en 2025

Se tratará de un juicio histórico que, según está previsto, se prolongará hasta abril de 2026. Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, es el principal acusado en la causa por la supuesta obtención de una fortuna familiar aprovechando la red clientelar que el 'molt honorable' habría forjado entre empresarios de su entorno aprovechando sus 23 años en la presidencia catalana y la posterior ocultación de ésta. El juicio, que se dirige contra los siete hijos de Pujol y un grupo de empresarios, 18 acusados en total, empezará cuatro meses después de que Jordi Pujol Soley cumpla 96 años. Su esposa, Marta Ferrusola, que también estuvo acusada, falleció el pasado 8 de julio.

Pujol siempre ha defendido que la citada fortuna, parte de ella oculta en Andorra, procedía de una herencia de su padre, el abuelo Florenci. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente catalán por presuntamente «favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana». Para su hijo mayor, Anticorrupción solicita hasta 29 años de prisión.

Tres investigaciones por corrupción en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, un juzgado de Madrid y otro de Badajoz complican la agenda de Pedro Sánchez, pues afectan a personas de su entorno más cercano. El año 2024 acabó con la oposición echándole en cara dichas investigaciones y con las primeras diligencias que se esperan en 2025 no parece que el panorama se vaya a despejar para él.

La primera de dichas investigaciones, en un juzgado de Madrid, afecta a su esposa, Begoña Gómez, por presuntamente impulsar su carrera profesional utilizando la posición del presidente del Gobierno. En la causa en la que está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado para el día 22 de enero distintas testificales, entre ellas las de los representantes legales de las tres grandes empresas Telefónica, Google e Indra que, sin ánimo de lucro, apoyaron el desarrollo de un software para pymes unido a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que Begoña Gómez dirigió a pesar de no contar ni siquiera con una licenciatura.

La segunda de dichas investigaciones se sigue en un juzgado de Badajoz contra el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez (David Azagra como nombre artístico), por las condiciones supuestamente irregulares con las que consiguió un trabajo en la Diputación extremeña.

La tercera es la causa abierta en el Tribunal Supremo al exministro de Transportes y número tres del PSOE hasta julio de 2021, José Luis Ábalos y en la Audiencia Nacional por los mismos hechos a su exasesor Koldo García, así como al empresario Víctor de Aldama, que presuntamente pagó mordidas a ambos y afirma que también lo hizo al actual secretario de Organización del partido del Gobierno, Santos Cerdán.

Ábalos, Aldama y Koldo García están imputados y ya han declarado en sede judicial por enriquecerse, presuntamente, con el cobro de comisiones en los contratos públicos para traer material sanitario a España durante la pandemia y recibir pagos de Aldama para, según él mismo, asegurarse de seguir siendo beneficiado con adjudicaciones públicas.

Mientras, en el Tribunal Supremo, el instructor Ángel Hurtado ordenó a la Guardia Civil diligencias que llevará a cabo este mes para avanzar en la investigación por supuesta filtración de secretos contra nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra quien recae la sospecha de haber manejado información de una investigación de Hacienda al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con otros miembros de la Fiscalía y con la prensa. Será difícil conocer hasta qué punto llegó su implicación porque, como reconoció la propia Fiscalía, borró todos los mensajes de sus móviles de las fechas en que se produjeron las supuestas filtraciones, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024.

Otras dos causas que en su momento generaron múltiples titulares llegan también a juicio en Castellón y Sevilla en 2025. Se trata del juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al expiloto de motociclismo Álex Debon por presuntas irregularidades en un patrocinio de la empresa Aerocas, que se celebrará en mayo, con Jurado Popular, en la Audiencia de Castellón.

Dos meses antes, la Audiencia de Sevilla celebrará el juicio por la adjudicación de los derechos de la explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, a México-Minorbis. Dieciséis personas, entre ellas el expresidente de la SEPI, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, por su papel como secretario general de la Consejería de Innovación andaluza, fueron procesados en su momento.