Puigdemont arruina la estrategia de Sánchez con Cataluña

El Ejecutivo esperaba que su reforma suavizase las penas por este delito al distinguir el enriquecimiento personal y el ánimo de lucro de desvíos de dinero público en los que esto no se produzca. Pero Llarena estima que existió una apropiación de dinero público «sin ánimo de reintegro, apartando los bienes de su destino o desviándolos del mismo». Con Carles Puigdemont el discurso socialista es sencillo. Su condición de prófugo le diferencia de Oriol Junqueras, que ha impulsado además una negociación con el Gobierno de la que Puigdemont ha renegado. Pero los nuevos acontecimientos obligan al PSOE a llevar su discurso a otras coordenadas. Destacando que el auto de Llarena lo que hace es «quitar la razón al PP», dijo ayer la ministra María Jesús Montero, porque se constata que el expresidente catalán no puede volver con «alfombra roja» y que sigue existiendo un reproche penal.

Llarena mantiene para Puigdemont los delitos de desobediencia y malversación. Pero rechaza que se le pueda aplicar el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados. Esto supone denunciar que hechos como los del 1 de octubre de 2017 se quedan ahora sin reproche penal. Pero el Gobierno se aferra a que ahora la extradición de Puigdemont puede ser más sencilla.

Esto es complejo porque, de producirse un eventual ingreso en prisión, aunque no sea por tiempo elevado, el independentismo volvería a exacerbar sus posiciones. El relato de la desjudicialización y la pacificación flaquearía. Incluso ERC tendría que verse obligado a escenificar que están muy enfadados por esa eventual situación de Puigdemont. Aunque en el fondo no lo estén. Pero si finalmente la interpretación de Marchena supone no rebajar la inhabilitación de Junqueras los socialistas pueden tener un frente inesperado en función de la respuesta de ERC. Y esa interpretación sobre la malversación puede también romper el plan de evitar el ingreso en prisión de los altos cargos que se encuentran encausados por malversación y cuya situación fue la que motivó verdaderamente la reforma de la malversación. En este nuevo escenario el PSOE queda comprometido entre su voluntad de «desjudicializar el conflicto» y la necesidad de vender por otro lado que sus reformas no conducen a la impunidad. Un reto contradictorio y que los deja a expensas de la interpretación que hagan los tribunales.

Si la irrupción de la carpeta Puigdemont supone una grave alteración de los planes de Pedro Sánchez, mayor será su impacto en la política catalana. En Cataluña, sobre el papel, no hay elecciones autonómicas hasta inicios de 2025, un calendario que podría saltar por los aires si el gobierno de Pere Aragonès, en exigua minoría, precipita el adelanto electoral, bien por falta de apoyo parlamentario, bien por estrategia electoral considerando el factor Puigdemont.

Ahora mismo, sin embargo, ni a ERC ni al PSC les conviene un 2023 también con elecciones en Cataluña. Los primeros porque quieren perseverar en su estrategia de consolidarse en el Ejecutivo –apenas llevan tres meses de gobierno en solitario tras la salida de Junts–, los segundos porque consideran que cuanto más tiempo pase más cuajada estará su alternativa, además de que un adelanto distorsionaría también la estrategia del PSOE.

En este escenario, socialistas catalanes y republicanos buscan puntos de confluencia, lo que en estos momentos pasa por llegar a un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2023. Con el pacto para las cuentas, los socialistas tratan de trasladar a la opinión pública catalana, y por extensión a la del resto de España, que la tesis tan pregonada de que el 'procés' ha muerto no es un alarde de optimismo, a la vez que arrastran a ERC hacia posiciones aún más pragmáticas. Doble dosis de medicina desinflamatoria.

Ayer mismo, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el presidente Aragonès hablaron por teléfono y quedaron para un encuentro presencial que desde el PSC se confía en que sirva para desbloquear el acuerdo de manera definitiva. Como ya se ha explicado, el PSC reclama como condición un compromiso para llevar a cabo proyectos clave como el Hard Rock de Tarragona –macrocomplejo de ocio y casinos– y la ampliación del Aeropuerto de El Prat, ahora paralizada por comunes y republicanos. Illa reiteró que plantean su propuesta presupuestaria como un todo, e instó al Ejecutivo catalán a que «busque otros apoyos» en el Parlament, es decir Junts, en caso de no compartirla. El mensaje es claro, o ERC se retrata de manera explícita y asume que hay un cambio de era en Cataluña, o no habrá Presupuestos, con lo que se abriría, entonces sí, un no deseado periodo de inestabilidad y probable adelanto electoral.

En este contexto, la estrategia de Illa pasa por abrir y cerrar la mano. Mientras se aprieta con las cuentas de este año, hasta se valora positivamente la participación de Aragonès en la cumbre hispano-francesa de Barcelona de la próxima semana. Pasando por alto eso sí que ERC vaya a sumarse sin aparente contradicción a la manifestación en contra convocada por el independentismo bajo el lema «Aquí no se ha acabado nada», en alusión al 'procés'.

Más clara es la estrategia en el campo del secesionismo más exaltado agrupado en torno a Junts. Un irredentismo que tras las reformas penales emprendidas por el Gobierno sale más bien barató, sin que esto, claro, se lo reconozcan nunca a sus exsocios de ERC. Ayer mismo, la exconsejera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí anunciaba que prevé volver a Cataluña «lo antes posible», pero no se presentará ante el Tribunal Supremo al asegurar que no reconoce la jurisdicción del juez Pablo Llarena. «Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al 100% no las tenemos», recalcaba en Catalunya Ràdio haciendo alarde insumiso a sabiendas de que, en ningún caso, acabará en la cárcel dado que ahora, habiendo ya desaparecido el delito de sedición, solo se la reclama por desobediencia.

Más equilibrios tienen que hacerse en el seno del Ejecutivo catalán, donde haciendo una lectura favorable a unos cambios legales que han sido impulsados por ERC se calificaba de «éxito completo» la derogación de la sedición, a la vez que se señalaba que el juez Llarena no podrá aplicar a Puigdemont el delito de malversación agravada. «Nos parece evidente que esto también decaerá», apuntó la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. Equilibrios y política de despiste a la espera de que la Justicia, de nuevo, decida sobre el curso de la política catalana.