El PSOE ultima un 'plan de choque' para que la vivienda no le pase factura electoral

En este contexto, los socialistas se han visto obligados a reaccionar y prevén impulsar un 'plan de choque', un paquete de medidas pendientes que se reactivarán en el Congreso las próximas semanas para trasladar la sensación de que están encima del problema y lograr compactar a sus socios de izquierdas, que demandan más ambición en la agenda legislativa. El primer proyecto se centra en la fiscalidad inmobiliaria y supone, por un lado, la aplicación de un IVA del 21% a los alquileres turísticos y, por otro, un nuevo tipo que gravará la adquisición de vivienda por parte de extranjeros no residentes en la Unión Europea. El tributo corresponderá al 100% del valor del inmueble, lo que doblaría su precio y, por tanto, desincentivaría la compra. En la misma línea, se propondrá un mayor gravamen para las socimis, que pasarán de tributar un 15% a un 25% en el impuesto de sociedades.

Además de su propia propuesta, el PSOE también quiere hacer un guiño a sus socios y tiene previsto impulsar la tramitación parlamentaria de una iniciativa presentada hace semanas por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG con el objetivo de regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Sin embargo, el mero apoyo del PSOE no es suficiente, la medida quedará en manos del resto de partidos de la investidura: PNV y Junts. En concreto, los focos vuelven a ubicarse en el partido de Carles Puigdemont que, en 2024, ya bloqueó una medida en los mismos términos. Desde Vivienda se asegura que están trabajando para acercar posiciones, pero el estado de la relación no está en su mejor momento.

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Patricia Romero

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En el ala de Sumar del Gobierno hay quien piensa ya incluso que va a ser la crisis de vivienda que afecta a nuestro país la que consiga lo que no ha logrado ni siquiera la corrupción que cerca al entorno más cercano de Pedro Sánchez y al PSOE: tumbar el Ejecutivo de coalición. O, al menos, creen, va a ser la que haga tambalear sus cimientos. Los partidos que integran el Grupo Plurinacional que capitanea Yolanda Díaz alzan así la voz contra los socialistas, a los que emplazan a mover ficha de manera urgente e intervenir el mercado de la vivienda en nuestro país para frenar el auge de los precios del alquiler y la compra de vivienda para fines especulativos.

Parte de la estrategia de Sumar pasa por puentear a su socio y presentar, como hicieron hace quince días, coincidiendo con la presentación del Plan Estatal de Vivienda en el Congreso de los Diputados por parte de la titular de Vivienda, un real decreto ley que contempla medidas tales como la congelación de todos los contratos de alquiler durante los próximos tres años. Una propuesta que ha sido respondida por Vivienda con el lanzamiento de una línea telefónica de ayuda y una campaña publicitaria que ha hecho estallar la indignación en la coalición de Díaz. «Es una burla a todos los españoles, es mentira que estén cumpliendo el artículo 47 de la Constitución», dijo sobre el 'spot' publicitario en el que tres adultos, ya en la madurez, comparten piso desde hace treinta años. A ello le siguió un amago de petición de dimisión de la socialista, que les duró apenas un par de horas. El malestar en Moncloa hizo que Sumar, que, por primera vez en mucho tiempo se había atrevido a sacar cabeza delante del PSOE, tuviera que desdecirse de sus propias palabras.

«Es una forma de marcar agenda frente al PSOE», reconocen fuentes gubernamentales de Sumar, que critican el hecho de que Isabel Rodríguez lo esté fiando todo a la construcción de vivienda pública. «Es imprescindible intervenir el mercado. Si no, vamos a llegar a elecciones sin atajar la crisis», denuncian las mismas al tiempo que creen que puede haber habido un giro discursivo en el PSOE, pero no en sus políticas de Vivienda.

En cualquier caso, el de la Vivienda lleva dos legislaturas siendo el gran caballo de batalla del Gobierno de coalición. Ya durante la etapa de Unidas Podemos, Pablo Iglesias puso en 2020 la Ley de Vivienda –que no se aprobó hasta tres años después– como condición imprescindible para desencallar los primeros presupuestos de aquel Ejecutivo. Una vez aprobada, la norma tampoco ha desplegado sus efectos por la falta de aplicación de las comunidades.