PSOE y Sumar retrasan otra vez la petición de Junts de una cuestión de confianza para negociar

Este jueves, en la primera reunión del año, la Mesa esquiva de nuevo el debate y da otra patada hacia delante para que PSOE y Sumar sigan negociando con los neoconvergentes, que han amenazado con retirar su apoyo a la Moncloa si no se tramita su petición. Fuentes cercanas al órgano rector del Congreso han confirmado, poco después de iniciarse el cónclave, que el entuerto no se resolverá en esta cita, como estaba previsto, sino que quedará pendiente para el próximo encuentro.

Este viernes, el presidente de Junts, expresidente de la Generalitat de Cataluña y fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, comparecerá en Bruselas después de haber amenazado con retirar el respaldo al Gobierno si Sánchez no se somete a una cuestión de confianza —que de tener mayoría en contra lo obligaría a dimitir— o si no se tramita la iniciativa de su partido que le insta a ello. Con el movimiento de este jueves, PSOE y Sumar ganan tiempo mientras tratan de convencer a la formación separatista de que reformule el texto.

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El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, diputado de Comuns (Sumar), ha afirmado a su llegada a la reunión del órgano que están estudiando cómo «adaptar al Reglamento» la propuesta de Junts, que tiene un dudoso encaje legal. El problema es que tanto el artículo 112 de la Constitución como el 173 de la normativa de la Cámara Baja dejan claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. Letrados del Congreso, como adelantó ABC en diciembre, consideran que debatir una proposición no de ley que exige al jefe del Ejecutivo pasar por ese trance equivale, de facto, a discutirla sin respetar el procedimiento establecido. El PSOE se inclinaba inicialmente por rechazarla, y se daba por hecho que así iba a ser de primeras —también era lo esperado este jueves tras haberlo trasladado así en privado fuentes del Gobierno—, pero la decisión se ha ido postergando.

La sensación es que PSOE y Sumar quieren ganar tiempo y no irritar a Junts mientras tratan de convencer a Puigdemont de que su partido reformule el texto para que no haya dudas de que la votación que celebre el Pleno, si llega a debatirse en él la proposición no de ley, no suponga un mandato directo para Sánchez. Las proposiciones no de ley, en cualquier caso, no son vinculantes. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja, a mediados del mes pasado, emitieron un extenso y ambiguo informe sobre su recomendación ante la iniciativa de Junts.

Existen precedentes de proposiciones no de ley y mociones rechazadas por la Mesa, con el aval de los letrados, por suponer «una moción de censura encubierta». Pero los letrados autores del informe al órgano rector del Congreso apreciaban un matiz: el Congreso no puede aprobar una moción de censura fuera del cauce establecido, porque esta es potestad de los diputados y hay unos parámetros que establecen quién la puede presentar y quién no, pero sí cabe la posibilidad de interpretar que se puede instar al presidente a someterse a una cuestión de confianza por ser esa una prerrogativa suya, no del Parlamento, que en este caso solo le estaría solicitando que ejerza una de sus competencias.

Los mismos letrados, no obstante, apuntaban también que se puede interpretar lo contrario, que equivale a debatir una cuestión de confianza de manera encubierta, y eso daría pie a rechazar la tramitación de la iniciativa. Esa es la tesis que más convence al Gobierno, especialmente al PSOE, y por eso se intenta que Junts reformule el texto para que no se inste a Sánchez directamente, sin matices, a someterse a una cuestión de confianza.

Los servicios jurídicos del Congreso subrayaban también que la postura que se adopte, en uno u otro sentido, sentará un precedente para futuros casos. Y ese es uno de los argumentos esgrimidos por fuentes cercanas a la Mesa para postergar otra vez la calificación de una simple proposición no de ley. Pero es que a nadie se le escapa que esa simple proposición no de ley puede suponer el jaque mate de la legislatura si Junts cumple su órdago y conforma una mayoría de bloqueo junto a PP y Vox. Esa mayoría nunca supondría una alternativa, porque los de Puigdemont rechazan apoyar una moción de censura de los populares, pero sí impediría que se aprueben los presupuestos generales del Estado o cualquier otra ley.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista reconocen que hay debate sobre el encaje legal de la iniciativa, sí, pero que el asunto de fondo es la negociación política con Puigdemont. Eso sí, estas fuentes se comprometen a resolver el tema, bien admitiendo la tramitación, rechazándola o pidiendo una reformulación oficialmente a Junts, antes de que el partido independentista tenga cupo para llevar una iniciativa a pleno. Lo contrario, dicen, sería una ilegalidad. La importancia que ha cobrado esta discusión se ha reflejado en la duración de la reunión de la Mesa, de casi dos horas, donde el PP, por cierto, ha vuelto a criticar el aplazamiento y ha denunciado la arbitrariedad y falta de precedentes en esta decisión.

Fuentes cercanas a la Mesa insisten en que «no hay prisa» y que por eso se deja en estudio. Junts no tiene cupo para meter una iniciativa en sesión plenaria hasta mediados o finales de febrero, por lo que hay margen, si finalmente se tramita su proposición no de ley, para que no se retrase su hipotético debate, que sería sobre esas fechas en cualquier caso. Estas mismas fuentes sostienen que se le ha consultado al Grupo Parlamentario Junts per Catalunya y que ha manifestado que «está de acuerdo» con que se siga analizando, algo que confirman desde el PSOE. «No hay conflicto. Se estudiará y se dirá», zanjan. Las negociaciones continúan.