PSOE y Sumar frenan la ruptura por la cuestión de confianza para no enfadar a Carles Puigdemont

Un mes después de que la Mesa del Congreso estudiase por primera vez la proposición no de ley de Junts, una iniciativa no vinculante, que expresa un mandato del Parlamento al Gobierno, pero que ha adquirido tintes de asunto de Estado, todo sigue igual. PSOE y Sumar, ante la exasperación del PP, dieron otra patada adelante y aplazaron su decisión a la siguiente reunión del órgano rector de la Cámara Baja, cuya principal misión es calificar –admitir o no– las propuestas de los grupos parlamentarios.

Es exactamente la misma tangente por la que se salieron el 17 de diciembre, en lo que ya se consideró una resolución insólita habida cuenta de que una proposición no de ley no tiene efectos jurídicos sea cual sea el resultado de su debate. Ahora, por segunda vez, la Mesa elude la calificación de la iniciativa. Entonces, el pretexto fue el extenso y ambiguo informe que los letrados del Congreso remitieron a los miembros del órgano, en el que abrían la puerta tanto a la aceptación como al rechazo de la propuesta de Junts.

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Tanto el artículo 112 de la Constitución como el 173 del Reglamento del Congreso determinan que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno. En este caso, de Sánchez. La pregunta es, y ahí radica el debate jurídico, si la mera petición de que el jefe del Ejecutivo se someta a ese trance equivale a discutir de facto si este cuenta con la confianza de la Cámara Baja; un extremo que se reserva a mecanismos excepcionales y reglados como la investidura, la cuestión de confianza y la moción de censura. Si se aprueba una cuestión de confianza, el presidente está obligado a dimitir y el Rey debe abrir un nuevo proceso de investidura.

Estando eso último claro, también lo está que la proposición no de ley de Junts no tendría ese efecto jurídico ni ningún otro aunque el PP, Vox y el propio Junts, que sumarían mayoría absoluta, uniesen sus votos como es previsible que suceda si se termina discutiendo la iniciativa en ciernes. Letrados del Congreso, como adelantó ABC, piensan sin embargo que, aunque no tuviese una consecuencia directa, sí se estaría poniendo en cuestión la confianza del presidente de forma implícita por un mecanismo distinto al establecido en la Carta Magna. Esa es la tesis que más cala en el Gobierno, especialmente en la rama socialista.

El debate jurídico, no obstante, se empieza a ver como superado desde los dos partidos que gobiernan y se reconoce, tanto en público como en privado, que esto obedece ya a una simple transacción política. «Obviamente, no puedo esconderlo: hay razones políticas», admitió este jueves el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Comuns), de la cuota de Sumar, tras participar en la reunión del órgano rector. «Hay dudas sobre el encaje legal, pero la cuestión de fondo es la negociación política», coincidía un miembro del PSOE en la Mesa.

A primera hora de la mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, había defendido en una entrevista en Canal Sur recogida por Ep que es «de sentido común» que su partido, como se esperaba en ese momento, fuese a rechazar en la Mesa la iniciativa de Junts, al que pedía «recapacitar». En la misma línea se expresaba dos días antes otro miembro del Consejo de Ministros, que daba por descontado que la proposición no de ley de los neoconvergentes iba a morir en la primera reunión del año del órgano rector del Congreso.

No fue así y en parte gracias al empuje de Sumar, que convenció al PSOE de postergar la decisión para, como dijo Pisarello, «proteger la mayoría y evitar la ruptura». Junts tiene cupo para llevar una iniciativa a pleno entre mediados y finales de febrero, por lo que el entuerto debería resolverse antes. Lo contrario, dice un miembro de la Mesa, sería «una ilegalidad».