El PSOE pide ahora investigar el «bibliocausto» franquista

El PSOE ha registrado esta proposición no de ley con motivo de la celebración de los actos por los 50 años de la muerte de Franco, y no antes, como admite en la iniciativa, que pretende también reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores.

Los socialistas señalan que es difícil analizar la quema de libros durante esos años porque la dictadura se encargó de «borrar este capítulo negro de la historia». Por eso, considera «fundamental» analizar la prensa «afín» a los sublevados para poder documentar estos episodios.

En su iniciativa, el PSOE expone que el objetivo era «limpiar y purificar» el país de las ideas subversivas y, para ello, el franquismo perseguía «eliminar el pensamiento de los vencidos e imponer el de los vencedores». Los socialistas explican que desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas. «Al mismo tiempo que muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados», denuncian.

El PSOE indica en su propuesta que la Falange y el ejército no solo protagonizaron acciones de quemas de libros, sino que alentaron a sus seguidores a que las hicieran. Así, menciona cerca de una decena de quemas públicas: desde la primera gran hoguera, el 19 de agosto de 1936 en La Coruña, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez; hasta una de las últimas quemas de la Guerra Civil, el 30 de abril de 1939 con motivo del Día del Libro, documentada por ABC.

También hubo hogueras en localidades pequeñas donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales, de Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales, mientras que la primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 y luego la de Santiago de Compostela.

Los socialistas recogen la depuración de bibliotecas públicas y privadas y ensalzan a aquellos libreros y bibliotecarios que «pagaron con la vida su compromiso con la cultura». El PSOE menciona a Miguel d'lom de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra de Zaragoza Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele.

Además, detalla que los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner; o con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.