El PSOE asume el fracaso de su propio calendario para la investidura

Pero Carles Puigdemont ha impedido que eso sea así, echando un severo frenazo a la negociación de Junts per Catalunya con los socialistas, que sigue abierta aunque con cierto aire de stand by. Así lo evidencian los paseos por Bruselas de un casi solitario secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que tras su fotografía con Puigdemont de hace ya nueve días -ambos junto a un gigante cuadro de una urna del 1-O que el departamento de prensa socialista, que escolta todos los pasos de Cerdán en la ciudad belga, trató en vano de ocultar- en lo que en principio iba a ser una estancia más corta en la capital comunitaria. El propio Cerdán admitía este miércoles, en unas fugaces declaraciones (como todas las que ha hecho desde allí) a Telecinco que «el pleno [de investidura] esta semana va a ser imposible».

Pese a todo, fuentes de la negociación insisten en insuflar optimismo e incluso de atreven a adelantar que sí que podrá celebrarse ese pleno la semana que viene. Aunque una cosa es que el debate tenga lugar, como ocurrió con el fallido de Alberto Núñez Feijóo hace ya más de un mes, y otra bien distinta es que además el resultado sea positivo, lo que obviamente depende del sentido del voto de los siete diputados en la Cámara Baja de Junts, que ya hace un mes dejó claro que no contemplaba la abstención (mediante la cuál Sánchez podría ser investido si lograse sumar un voto más de los que potencialmente tiene, presumiblemente de Coalición Canaria), sino únicamente un sí o un no.

Desde Moncloa y el PSOE se criticó con dureza en su día el largo plazo, de un mes, concedido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a Feijóo, para una negociación en la que no logró ni un apoyo más que los 172 con los que partía de salida, incluidos los del Grupo Popular, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Siempre hablaron de «investidura fake», y enfatizaron que la de Sánchez sería «de verdad».

Hubo quien, como el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, alguien supuestamente al tanto de lo que se cuece en la cúpula socialista, se aventuró a señalar la de mediados de octubre como una fecha posible, un plazo del que pronto se cumplirá un mes.

De fondo, los nombres de los posibles amnistiados que Puigdemont pone sobre la mesa suponen un escollo de envergadura a la negociación. Cuando los emisarios de Sánchez ya dieron el paso -saltándose sus propias líneas rojas- de que los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR, estuviesen entre los amnistiados -un pacto que cerró y firmó la semana pasada en Barcelona el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el líder de ERC, Oriol Junqueras- el expresidente catalán prófugo de la Justicia ha decidido elevar sus exigencias.

Y lo ha hecho poniendo entre ellas el olvido legal también para estrechos colaboradores suyos como Josep Alay, el director de su oficina acusado de malversación y prevarización por los supuestos contactos de la Generalitat en 2017 con el Gobierno ruso de Vladímir Putin, cuyo apoyo para el 'procès' habría buscado el Govern, o su abogado Gonzalo Boye, con cuentas pendientes con los tribunales por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo. Boye, uno de las figuras más importantes para el fugado de Waterloo, cumplió condena en su día por su vinculación con el secuestro a manos de ETA en los años ochenta de Emiliano Revilla, una de las acciones de la banda terrorista que más conmocionó entonces a la sociedad española.

Sánchez explora por primera vez el camino del acuerdo con Junts, una formación que se opuso a su investidura y a la practica totalidad de su acción de Gobierno. Y aunque cree posible llegar finalmente a un pacto, está comprobando en su propia carne que Puigdemont no es un interlocutor al uso, u homologable al resto de fuerzas independentistas, con los que sí ha logrado fructificar acuerdos en los últimos años.