Los profesionales de la información ven un «avance» en los cambios de la futura ley de secretos, pero insuficiente

Sobre esta última cuestión, Rubio califica de «exagerada» la cifra y señala que además existe la posibilidad de sumar más años añadiendo «prórroga tras prórroga». Asimismo, advierte de que «la media internacional se sitúa en 25 años». Otra de las cuestiones que denuncia es las altas sanciones, que pueden ascender hasta los dos millones y medio de euros en los casos graves de revelación de secretos.

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ve un «avance» en ambos cambios, pero insisten en que las nuevas clasificaciones, 'restringido' y 'confidencial', pueden chocar con el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución. «Tenemos dudas, ambas categorías hablan del funcionamiento de los organismos públicos y con calificar como 'restringido' o 'confidencial' cualquier informe, podría impedirse o penarse cualquier trabajo periodístico que afecte por ejemplo a casos de corrupción», explica Aurelio Martín, vicepresidente de FAPE.

Por su parte, Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) celebran que al menos se elimine «la aberración de multiplicar ad infinitum las autoridades» competentes para clasificar, pero aseveran que «en esencia» se sigue sin tener en cuenta la gestión documental. «Hay mención a las 'series documentales' pero es anecdótica», expresan.

Insisten, al igual que ya lo hicieron cuando presentaron alegaciones a la primera versión del anteproyecto, en que usar el concepto de «información» y no de «documentación» permite su «destrucción aunque sea de manera subsidiaria» y entra en conflicto con otras normas vigentes. «No son conceptos equivalentes», explica Henar Alonso de AEFP, quien añade que esta versión «es menos desastrosa que antes, pero igual de peligrosa para el derecho de acceso a la información pública».

Todos los profesionales consultados no creen que la futura ley de secretos oficiales vaya a salir adelante en esta legislatura, aunque fuese «una promesa» del Gobierno. Consideran que queda mucho que «mejorar». Desde la API lamentan que si al final la norma ve la luz, «España seguirá siendo un país sin memoria».