Las primeras 'leyes Feijóo': desalojar a okupas en un día y resolver 379 crímenes de ETA

La próxima semana hay pleno en ambas cámaras, en cada una de las cuales el PP defenderá sendas propuestas para su toma en consideración: el miércoles en el Senado para combatir el problema de la okupación de viviendas y el martes en el Congreso para esclarecer los 379 crímenes de ETA que siguen impunes porque ni siquiera se han juzgado.

La primera es la que tiene más recorrido por esa hegemonía del PP en la Cámara Alta, aunque debe superar también la mayoría de izquierdas e independentistas de la Cámara Baja. Con esta ley, los populares quieren acabar con un problema como la okupación que se ha extendido en los últimos años y que afecta cada vez a más personas. De hecho, según los datos del Ministerio del Interior, creció un 37 por ciento entre 2018 –año de la la llegada del PSOE a La Moncloa– y 2022. Fenómeno que ha hecho aflorar mafias en el sector, que se dedican a facilitar la entrada de personas desfavorecidas en este tipo de viviendas a cambio de un suma de dinero.

Para acabar con este problema, el PP defenderá en la Cámara Alta una proposición, a la que ha tenido acceso ABC, que quiere facilitar el desalojo de los okupas en 24 horas, además de elevar las penas en el Código Penal y de castigar con dureza a aquellos que alienten o promuevan la okupación.

Esta iniciativa nace de uno de los compromisos que el Partido Popular llevaba en su programa electoral: acabar con el fenómeno de la okupación. Asunto que, además de atentar contra el derecho a la propiedad privada, provoca muchos problemas de convivencia vecinal y genera alarma social en diferentes zonas de España.

Para ello, los populares proponen una iniciativa que obligue a los okupas a desalojar la vivienda en 24 horas y, si no lo hacen, faculta a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el desalojo forzoso. Además, se incluyen los delitos ligados a este fenómeno en los procedimientos susceptibles de un enjuiciamiento rápido, con lo que se evita uno de los grandes males de la okupación, que son los largos procesos judiciales que conlleva.

Noticia Relacionada

Las víctimas de la okupación en España: hosteleros, pequeños propietarios o vecinos asediados

Beatriz L. Echazarreta

En 2022, 16.726 personas denunciaron que su casa había caído en manos de inquilinos indeseados. Los propietarios, angustiados por un problema social que ha ido en aumento en los últimos años, chocan con unos procedimientos judiciales que se eternizan y les obligan a recurrir a empresas privadas

En cualquier caso, en la exposición de motivos de la ley, los populares dejan muy claro que nada tiene que ver la okupación ilegal con las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda. Con las primeras, el PP pide tener tolerancia cero; con las segundas, pide protección, pero sin que el problema se le pueda trasladar a la ciudadanía. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege», señala la ley.

En la actualidad, este tipo de desalojos no son posibles debido a que los usurpadores alegan que la vivienda es su morada o domicilio, algo que protege la ley vigente. Un argumento (esgrimido muchas veces de mala fe) que quedaría anulado con el cambio legislativo que propone el PP, que eliminaría esa condición de morada para los ocupantes ilegales. De hecho, este era uno de los cambios legales más reclamados por los afectados en los últimos años, en los que habían proliferado manuales de okupación que explicaban cómo sortear la actual ley apoyándose en ese asunto.

La ley que se debatirá el miércoles en el Senado prevé elevar las penas por este delito. Para los que lleven a cabo la okupación con intimidación o violencia, se quiere modificar el artículo 245 del Código Penal y que el castigo sea de 1 a 3 años de cárcel, en lugar de los dos que se contemplan ahora como máximo. Además, las penas para aquellos que no desistan en su empeño de okupación en contra de la voluntad del titular del inmueble serán de 6 a 18 meses en lugar de un máximo de medio año como en la legislación vigente. En cualquier caso, si la okupación se alarga por encima de las dos semanas, la pena de prisión será la máxima establecida. Podría conmutarse este castigo por trabajos en beneficio de la comunidad siempre que el ocupante restituyera de forma plena el inmueble en un plazo no superior a las 48 horas.

Una de las novedades de la ley es que establece penas también para los que «sin participar en los hechos», promovieran la okupación a «través de la elaboración de instrucciones» o señalaran «inmuebles para ser okupados ilegalmente». En este caso, el castigo sería de tres meses a un año de prisión.

Para desincentivar este tipo de delitos, los populares quieren que los ayuntamientos consideren que la okupación ilegal no pueda dar lugar a un empadronamiento, que de facto hacía legal la residencia y contribuía a una serie de beneficios que hacían más atractiva la okupación. Ahora se quiere acabar con eso, para cercar el problema todo lo posible. También se quiere modificar la ley de enjuiciamiento civil para que las personas jurídicas (y no solo las físicas, como hasta ahora) puedan reclamar el desalojo y «no se creen espacios de impunidad».

Uno de los problemas asociados a la okupación es que los propietarios, además de sufrir la usurpación del inmueble, deben seguir haciendo frente a los gastos derivados, incluidos los impuestos municipales. En ese sentido, la proposición del Partido Popular establece la posibilidad de que una vez que haya resolución judicial firme declarando la okupación ilegal sean devueltas las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre el Patrimonio por el período que haya durado la okupación.

Otra de las novedades de la ley es que habilita a las comunidades de propietarios para acudir ante las autoridades cuando tengan conocimiento de que los okupas estén llevando a cabo «actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas». En resumen, habilitan a las comunidades de vecinos a luchar contra un fenómeno que sufren en primera persona y contra el que muchas veces no podían hacer nada.

La segunda proposición de ley orgánica, que el PP defenderá el martes en pleno del Congreso, responde a una demanda de las víctimas de ETA, ya que hasta 379 crímenes de la banda terrorista (lo que representa un 40% del total) continúan completamente impunes porque no se han encontrado datos o indicios que permitan iniciar una investigación judicial.

No se incluyen aquí los asesinatos en los que los etarras quedaron absueltos tras ser juzgados, sino aquellos en los que ni siquiera se sentó nadie en el banquillo, por lo que muchos ya han prescrito, a pesar de lo cual las familias de las víctimas reclaman su derecho a la verdad judicial para, al menos, saber quién mató a sus seres queridos.

El texto de esta propuesta se inspira también en el informe aprobado por amplia mayoría en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en abril de 2022, que asumía a su vez esa reivindicación y hacía una serie de recomendaciones a las autoridades españolas y europeas no sólo para facilitar la resolución judicial de estos asesinatos, sino también para proteger más y mejor a las familias de los asesinados ante la humillación y revictimización que suponen para ellas los homenajes y otros actos a favor de los presos etarras, como los que apoya el entorno de Bildu.

La exposición de motivos de esta iniciativa recuerda que «el largo lapso de tiempo transcurrido sin que se resuelvan los crímenes es considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una forma de tortura o sufrimiento inhumano de las víctimas», especialmente cuando supera los cinco años, como ocurre en la inmensa mayoría de esos 379 crímenes de ETA.

Para evitar que prescriban, esta comisión del Parlamento Europeo también proponía —y el PP recoge en su ley— que los asesinatos etarras se consideren «crímenes de lesa humanidad», en cuyo caso no prescriben nunca y, por tanto, siempre queda abierta la posibilidad de iniciar una causa judicial si aparecen nuevos indicios.

Además, la propuesta del PP aumenta sensiblemente la capacidad de las administraciones públicas, a día de hoy casi inexistente, para impedir de antemano los 'ongi etorris' y otros actos a favor de los presos de ETA, así como la exhibición pública de elementos que conmemoren, exalten o enaltezcan a los terroristas.

También refuerza a las Delegaciones del Gobierno en cada comunidad para «prohibir todos los actos, concentraciones, reuniones o manifestaciones» que humillen o ataquen la imagen de las víctimas del terrorismo, lo cual incluye «apoyar o rendir homenaje público a condenados por terrorismo o colectivos de presos terroristas». Y fija «los ayuntamientos tendrán prohibido facilitar la celebración» de estos actos, muchos de los cuales cuentan con la indiferencia, cuando no la complicidad, de autoridades locales en el País Vasco y Navarra.

La propuesta del PP recoge además una batería de retoques legislativos para que la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y un comité de juristas ayuden a arrojar luz sobre cada uno de los crímenes de ETA sin resolver. También para vincular la concesión de terceros grados y otros beneficios penitenciarios a que los presos etarras colaboren para esclarecerlos. Para conseguir ese grade de semilibertad, exige que «el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito», algo que rara vez ocurre con los condenados de ETA.

Con todo, y en el actual contexto de un Gobierno en manos de Bildu y otros independentistas que apoyan las manifestaciones proetarras, como se volvió a comprobar el mes pasado, lo previsible es que esta iniciativa del PP decaiga en el Congreso el mismo martes al no aprobarse su tomar en consideración.