El primer pelotazo de mascarillas llega a juicio: Luceño y Medina al banquillo y San Chin Choon, como testigo

Este martes, casi tres años después de que Anticorrupción presentase la querella que desencadenó el Caso Mascarillas, llega a juicio la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid que se atribuye al aristócrata Luis Medina -hijo del difunto duque de Feria- y al comisionista Alberto Luceño: 11 millones de euros en productos en muchos casos inservibles, de los que seis millones de euros acabaron directamente en sus bolsillos. Es el mismo dinero que, de ser condenados, tendrán que entregar a la Empresa Funeraria de Madrid, la entidad pública que en la primera ola de la pandemia centralizaba las compras de material sanitario para los servicios públicos de la ciudad.

El fiscal de Anticorrupción Luis Rodríguez Sol, a cargo de esta investigación que ya llevaba abierta un año cuando entró en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, pide penas de 15 años para Luceño por delitos de estafa agravada, falsedad y contra la Hacienda Pública y un total de 9 años de cárcel para Medina, en su caso por los dos primeros ilícitos, aunque llegó a estar imputado por alzamiento de bienes.

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La tesis es que se concertaron para forrarse aprovechando la escasez y la alta demanda de productos sanitarios y para conseguirlo, ocultaron «en todo momento» a la Administración el porcentaje que se llevaban como intermediarios diciendo que les movían fines «altruistas». Fue un sobreprecio del 148%, directo «pa'la saca», que diría Luceño.

Luceño, que unos días importaba aceite y otros revendía coches de lujo, tenía línea con una empresa malaya gobernada por un individuo que dio mucho que hablar durante la instrucción, hasta dudar de que existiera: San Chin Choon, al frente de Leno, la compañía que nutrió de material sanitario a Luceño a precios mucho más bajos de los que él daría al Ayuntamiento de Madrid. Está citado como testigo en la Audiencia Provincial, el día 18. Podrá aclarar, por ejemplo, si envió él unos emails al juez que exculpaban al comisionista o, como sospecha la Policía, los redactó el propio Luceño, como la declaración somera que prestó en Malasia y se remitió al juzgado.

Pero todo empezó con una llamada de Luis Medina a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid -testifica el día 18-. Era marzo de 2020, el mes del confinamiento, y el aristócrata ofrecía una vía para conseguir material sanitario. Según Anticorrupción, este le derivó a la mano derecha del regidor, quien a su vez le facilitó el correo al que podía dirigir su oferta.

Abierta esta puerta, que cerca estuvo de escalar el asunto a un tráfico de influencias -como pedían las acusaciones populares que ejercen Más Madrid y el PSOE, sobre todo después de que el alcalde agradeciese al aristócrata su ayuda- entró Luceño. Y ese 23 de marzo, con el estado de alarma en vigor, se presentó a la funcionaria que centralizaba las compras, Elena Collado, «como experto en importación de productos del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición» que quería ayudar. La instrucción llevaría a la conclusión de que nada de esto era cierto.

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A finales de ese mes ya había firmado tres contratos con la Funeraria, que compraría a Leno un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares (60% más de lo que valían); 2,5 millones de pares de guantes por cinco millones (81% de sobreprecio) y 250.000 test rápidos de Covid por otros 4,2 millones (71% más caros). Según el cálculo final, él se habría llevado cerca de cinco millones de euros y Medina -alegó que no sabía que su socio hubiera sacado cinco veces más-, unos 912.000. Ante el banco habrían maquillado el origen para que no cantase «el pelotazo», como le decía Luceño a Medina en uno de sus mensajes.

Todas las gestiones las habrían realizado con documentación falseada, de ahí el segundo delito. En el caso de Luceño, no fue lo único que afloró, pues la Policía encontró en su casa hasta 78 versiones distintas de una supuesta carta del alcalde José Luis Martínez-Almeida que le habría dirigido para recabar información de las autoridades chinas sobre la expansión del Covid-19. Se refería a Luceño como «Mr. President».

También había carnés falsos que le identificaban como agente del CNI o militar o de seguridad nacional o policía, y modificaciones sobre salvoconductos reales expedidos por Emergencias y el Hospital 12 de octubre para moverse por una región confinada. Hasta la Cámara de Comercio salió a desmentir el certificado que usó para vender las mascarillas cuando lo vio publicado en la prensa.

Las defensas sostienen que ganar comisión no es delito pues no existe un límite. Anticorrupción discrepa, como lo hizo el juez Carretero, que llegó a preguntarles si les parecía «normal» lo que habían hecho. Desde este martes y hasta el 26 de febrero, pondrán las cartas sobre la mesa para que decida el tribunal.