Presupuestos, corrupción y socios, las carpetas abiertas de Sánchez

Pero esta tercera parte de la legislatura, la penúltima antes de la convocatoria electoral, si la coyuntura no obligan al presidente a disolver las Cortes y convocar comicios anticipados, algo que siempre ha negado hasta ahora, también obligará a los gobernantes, en especial a Sánchez, a tener un ojo puesto permanentemente en los tribunales. Pero en Moncloa advierten. «Si creen que Pedro se va a rendir tan fácil, que van a lograr demoler el sanchismo, están muy equivocados», indican fuentes de su entorno.

El primer compromiso del Gobierno, este martes, será aprobar el real decreto de capacidad y declarar la contingencia migratoria para Canarias, un paso imprescindible para iniciar, dos días más tarde, el día 28, el reparto de más de 3.000 menores no acompañados que desde hace años se hacinan en Canarias y Ceuta como consecuencia de la gran crisis migratoria de la última década.

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Tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo canario sobre las cifras del reparto y otro de forma bilateral con Junts, que dejaba a Cataluña y el País Vasco fuera de la obligación de recibir a más niños, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debe tener todo listo para ejecutar esta distribución «solidaria», que ha provocado también la enésima confrontación con las autonomías gobernadas por el PP, que son las que se tendrán que hacerse cargo de la mayoría de los menores.

Todas ellas, excepto Ceuta, que también tiene una contingencia migratoria, han acudido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional para frenar este reparto, aunque por ahora los jueces no han tomado decisión alguna y nada hace prever que los planes gubernamentales previstos para este jueves se vayan a paralizar.

En estas primeras semanas del nuevo curso político, con una mayoría parlamentaria cada vez más débil y con Junts y Podemos distanciados cada vez más de la coalición de Gobierno, los negociadores socialistas y de Sumar tendrán que afinar muy bien si quieren sacar adelante algunas de las leyes más importantes para la coalición.

La norma que modifica el acceso a la carrera judicial, impulsada por el ministro Félix Bolaños, así como la reducción de la jornada laboral, la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, son junto con los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez se ha comprometido, este año sí, a llevar a las Cortes -aunque en 2024 también lo dijo y no lo hizo-, las tres grandes batallas parlamentarias del PSOE y Sumar. En los tres proyectos legislativos existe una enorme distancia entre los dos partidos que conforman el Gobierno y Junts y Podemos.

De ahí que existan muchas dudas en el Palacio de La Moncloa de si estas propuestas se van a poder sacar adelante. De ello depende, en gran parte, la viabilidad de la legislatura o, como mínimo, la capacidad de Pedro Sánchez de poder seguir gobernando y no únicamente aferrado al poder. Porque resistir, dicen en el entorno del presidente, «resistirá».

En el ámbito político, más allá de las tres leyes anteriormente citadas, el secretario general socialista también pretende impulsar nuevas medidas sociales y acelerar la implementación de las propuestas que diseñó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra el fraude, tras la alargada sombra de la corrupción sobre su gabinete tanto a nivel institucional y orgánico, con su exnúmero tres Santos Cerdán todavía en prisión preventiva.

Retomar la iniciativa para abolir la prostitución, que no genera consenso entre los socios, reformar la ley del tabaco para ampliar los espacios libres de humo en terrazas de la hostelería o los campus universitarios, así como avanzar en la lucha contra el tabaquismo, son algunas de las prioridades para el Ejecutivo.

Respecto a la corrupción, más allá de cumplir con las peticiones que se hacen a nivel comunitario, tras el demoledor informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), Sánchez también quiere implementar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, un conjunto de propuestas que presentó él mismo, en el pleno del Congreso, tras conocerse el demoledor informe que afectaba a su mano derecha en el partido en connivencia con su exministro de Transportes. El PSOE, con estas medidas contra la corrupción, según fuentes gubernamentales, quiere «obligar al PP a retratarse» con la votación de este conjunto de normas para erradicar los delitos contra la administración pública.

A pocos días de acabar las vacaciones, en el Gobierno y en el PSOE nadie se atreve a descartar tampoco una remodelación del Gobierno. Se trata de una opción que Sánchez ha negado en varias ocasiones -la última, el pasado 29 de julio tras despachar con el Rey Felipe VI en Palma de Mallorca-, como había hecho en las previas de las anteriores crisis de Gobierno, y que le ayudaría a dar un impulso al tramo final de la legislatura.

El fracaso de los ministros-candidatos en distintas autonomías como María Jesús Montero, Pilar Alegría o Diana Morant, y la falta de acción de algunos otros, estarían detrás de esta carpeta que pese a las negativas del presidente sigue sobre su mesa.