Los presupuestos de Aragonès e Illa para 2024 darán 'a dedo' medio millón de euros a la entidad que espía a los niños en los colegios

Plataforma per la Llengua recibió 2,7 millones de euros directos de varias instituciones públicas (de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Baleares) durante el trienio 2020-2022

Las cuentas de ERC y el PSC, a la espera de los comunes, afianzan el gasto nacionalista

Plataforma per la Llengua actúa como 'lobby' para defender la inmersión lingüística obligatoria en Cataluña y señala a los comerciantes y trabajadores que utilizan el español Inés Baucells

El acuerdo para aprobar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2024, suscrito por ERC y el PSC esta semana, incluye, un año más, importantes partidas en forma de subvenciones para Plataforma per la Llengua, una entidad que se autodefine como «la ... ONG del catalán» y que en su hoja de servicios está señalar a los comercios que utilizan el español y, entre otros hitos, espiar a los niños en los patios de los colegios para comprobar qué lengua utilizan.

El monto total que los distintos departamentos del Govern de Pere Aragonès (ERC) ingresarán a Plataforma per la Llengua de manera directa, y fuera del circuito de convocatorias abiertas, supera el medio millón de euros. Hasta seis consejerías aportarán miles de euros para una asociación que, además de la Generalitat, recibe ayudas de las arcas públicas de varios ayuntamientos y los gobiernos regionales de la Comunidad Valenciana y las Baleares (al menos hasta 2022).

Según consta en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat del ejecutivo independentista de Aragonès, con el visto bueno de Salvador Illa (PSC), la Consejería de la Presidencia transferirá 124.000 euros durante el presente año para «fomentar la normalización lingüística». Otros 124.000 euros ingresarán las cuentas de Plataforma per la Llengua directos de la Consejería de Empresa y Trabajo para el «fomento de la lengua», catalana únicamente. Y la Consejería de Cultura, bajo el pretexto de «plan de actuaciones», desembolsará 135.000 euros más.

A estos 383.000 euros, la entidad sumará a lo largo de 2024 97.000 euros de la Consejería de Derechos Sociales para el «gasto de funcionamiento» de la asociación, el mismo motivo que alega la Consejería de Educación para asegurar otros 20.000 euros que gestiona este departamento. Así, 500.000 euros de dinero público se destinarán este año a, entre otras cosas, denunciar a los catalanes o residentes en la región que utilizan el español en su ámbito profesional.

El proyecto de Presupuestos, que ayer inició el trámite parlamentario para su aprobación definitiva prevista (pues todo apunta que los comunes no lo impedirán) para mediados del mes de abril, también fija una subvención más del departamento de Territorio, para «gastos para el funcionamiento» de la entidad, pero no va consignada con una cantidad, por lo que por poco que sea el monto total que recibirá la asociación de manera directa y sin competencia superará el medio millón de euros.

La oposición en el Parlamento de Cataluña lleva años criticando este tipo de subvenciones 'a dedo' a una empresa que, en opinión compartida de Vox, CS y PP, además de señalar al que utiliza una de las lenguas oficiales de Cataluña, y crispar a la ciudadanía, sus métodos no mejoran el uso social del catalán. Consigue el efecto contrario, unido a otras políticas públicas: entre los jóvenes, aumenta el rechazo al uso de la lengua catalana en el ámbito social.

Este medio millón de euros de la Generalitat se sumará a las cifras que Plataforma per la Llengua obtenga de otras administraciones públicas. En 2023, el Govern de Aragonès transfirió directamente sin concurso, también tras un acuerdo presupuestario con Illa, 516.000 euros. Todavía se desconoce el total de ayudas que la asociación obtuvo del resto de administraciones.

Pero sí se puede hacer un balance de los años anteriores. Solo en el trienio 2020-2022, Plataforma per la Llengua (según las cifras facilitadas por la entidad) se embolsó 2,7 millones de euros. Además de la Generalitat, colaboraron con la entidad, entre otros, los gobiernos de la Comunidad Valenciana y las Baleares, las diputaciones de Barcelona y Lérida, el Consejo Insular de Menorca, los ayuntamientos de Barcelona, Valencia, Castellón, Badalona, Sabadell, Vilanova, Arenys de Mar, Ametlla del Vallés y Esparreguera y la Universidad de Valencia.

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