El presidente decidirá en solitario y en 24 horas el futuro del PSOE tras el escándalo

En unos días que ha compartido con su equipo más próximo, en concreto el que tiene un cariz más internacional, y por tanto más ajeno a las cuitas domésticas. Incluidos varios de sus ministros, como el titular de Economía, Carlos Cuerpo, el miembro del Gabinete más activo en la cumbre. También ha tenido ocasión de reencontrarse con viejos compañeros de viaje, como el embajador ante la ONU, el exministro Héctor Gómez (uno de los que siempre estuvo a su lado en la batallas internas) o la secretaria de Estado de Cooperación internacional, Eva Granados, antigua portavoz de los socialistas en el Senado.

En ese contexto ha podido madurar la decisión que se conocerá definitivamente en el Comité Federal del partido mañana pero de la que hoy mismo podrían gotearse novedades. Quién será el nuevo secretario de Organización, en sustitución de Santos Cerdán, y qué personas formarán su nuevo núcleo duro en Ferraz. O dicho de otra forma: con qué alineación afrontará el más difícil todavía de su casi siempre convulsa trayectoria, seguir hasta 2027, como insiste en proclamar, sin que la corrupción de sus dos últimos números 3 del partido termine tumbando su Presidencia.

Esta vez no parece que puedan existir segundas oportunidades. De fallar la nueva cúpula el daño podría ser irreversible, en un partido con los territorios incendiados desde hace tiempo. Por la enorme pérdida de poder institucional que supusieron las últimas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 y por la propia gestión del aparato del partido que hizo Cerdán, tildada de «tóxica» en su día por el que fuera líder en Castilla y León, el senador Luis Tudanca, otro 'sanchista' sin mácula, y a posteriori denunciada en términos muy duros por otra sanchista de acreditada lealtad, la exvicesecretaria general Adriana Lastra, hoy delegada del Gobierno en Asturias.

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Mariano Alonso

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Sólo quedan 23 meses para los próximos comicios en comunidades autónomas y municipios. Mucho tiempo para el ciudadano medio, no tanto para la maquinaria de un gran partido, que siempre trabaja con una gran previsión y con una tarea previa ante los combates en las urnas. «El sustituto de Santos tendrá que hacer listas electorales, y eso es una prueba de fuego. Ahí se verá si es una figura de peso o no», explica un dirigente con experiencia en el PSOE y el Gobierno.

En ese sentido, la posibilidad que hasta el miércoles pasado se mantuvo con vida de que una dirigente del PSC como Montse Mínguez, diputada por Lérida y secretaria general del Grupo Socialista, pudiese ocupar ese cargo no ha sido bien recibida por todos los territorios, dado el especial estatus de los socialistas catalanes, un partido hermano e integrado en todos los órganos federales y los grupos institucionales, pero con su propia personalidad como formación.

Lo que Sánchez medita en estas horas decisivas en solitario y recluido en Moncloa -salvo una breve incursión esta tarde en un acto en Ferraz con mujeres del partido, en el que no se permitirá ni siquiera una cobertura de fotógrafos y cámaras de televisión- va más allá del partido. Salvado el Comité Federal, y siempre que logre contener el descontento que expresarán el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otros, vendrá una semana difícil en la relación con sus aliados, muy tensada con motivo del escándalo. El miércoles se producirá su esperada comparecencia para dar explicaciones en el Congreso, esa que ya por su fecha fue motivo de polémica, pues tanto sus socios como la oposición coincidían en que tenía que haber sido urgente e inmediata, mientras que el Gobierno decidió posponerla.

Los socios quieren y exigen dos cosas: medidas claras y contundentes contra la corrupción y otras de carácter social que permitan «cambiar la conversación» o incluso «salir de la ciénaga», como explica de manera muy elocuente un miembro de Sumar con asiento en el Consejo de Ministros. Le piden a Sánchez implementar, por ejemplo, modificaciones legislativas sobre contratación pública y castigo a empresas que como Acciona hayan pagado mordidas. Pero fuentes del PSOE no ven claro que se pueda «estrangular la contratación pública». Sánchez tiene la última palabra.