El PP vigila de cerca las nacionalizaciones y pide al Gobierno la verificación del censo electoral exterior

Esa reforma incluía una disposición adicional que obligaba al Ejecutivo a realizar «un procedimiento extraordinario de verificación» de los españoles inscritos en el exterior, «para comprobar la fe de vida de estos, así como la corrección de los datos».

El objetivo de esta depuración era «facilitar la participación en el procedimiento electoral con las mayores garantías», y debía realizarse «en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor», según la misma disposición.

El plazo para realizar esta verificación caducó el pasado 30 de marzo sin que el Gobierno haya comunicado los resultados, y el PP considera que su ejecución apuntaba a una posible reducción de los inscritos.

Básicamente, porque muchas veces los ciudadanos no comunican las bajas a los consulados en caso de fallecimiento. Sin embargo, el censo electoral exterior ha crecido en todos los meses de este periodo, sumando 24.887 nuevos inscritos hasta el 1 de marzo.

Las cifras de extranjeros nacionalizados gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática no justifican ese incremento ya que alcanzaron los 18.944, y el proceso entró en vigor más tarde, a finales de octubre.

A la vista de ello, los populares quieren saber si el Gobierno ha cumplido realmente el mandato legal y ha verificado el censo electoral exterior y, de ser así, de qué manera lo ha hecho.

Para ello, José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del Grupo Popular, ha registrado una petición escrita en el Congreso en la que reclama al Ejecutivo el «informe de actuaciones realizadas por la Administración Consular en coordinación con la Oficina del Censo Electoral», así como «resultados obtenidos en el procedimiento de verificación de datos de las personas españolas inscritas en el CERA».

Según el Reglamento del Congreso, el Gobierno dispone de treinta días para «facilitar la documentación solicitada» o manifestar «las razones fundadas en derecho que lo impidan».

La disposición que obliga al Gobierno a verificar el censo electoral fue introducida por los grupos parlamentarios tras escuchar en noviembre de 2021 al entonces subdirector general de Protección y Asistencia Consular, Jaime Moreno Bau.

Este diplomático fue llamado a comparecer al Congreso para informar sobre la regulación del voto exterior, y expuso ciertas dificultades para la actualización del censo. «Si las autoridades locales no lo comunican o la familia no lo comunica, puede darse un supuesto en el que durante unos meses esa persona no conste como fallecida», señaló.

En cuanto a los regresos a España indicó que «en general» se comunican al consulado, pero reconoció que «es verdad que hay otros casos en los que hay ciudadanos que no se dan de baja».

Frente a ello, explicó que los consulados están obligados a realizar «un seguimiento, un rastreo, por así decir, de los españoles para ver si están o no realmente residiendo en la demarcación consular».

Bermúdez de Castro subraya su confianza en que «la Administración Consular actúe con objetividad y neutralidad», pero también expresa su «sorpresa» por no apreciar indicio alguno de la verificación del censo obligatoria con la nueva reforma, y advierte al Gobierno de que van «a mantener la vigilancia durante todo el proceso».