El PP vasco exige saber si hay privilegios para los presos de ETA

El departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, respondiendo acerca de las preguntas sobre el traspaso de cientos de presos tras conseguir las competencias penitenciarias, confirmó que más de cuatrocientas peticiones de presos generales para el traslado a prisiones del País Vasco fueron rechazadas, mientras que las 106 peticiones de condenados por pertenencia a banda armada fueron todas aprobadas excepto una.

Sobre esto, el departamento se excusa en el arraigo al País Vasco de los condenados como uno de los criterios principales para aprobar las peticiones de traslado. Entre los requisitos necesarios dentro del arraigo, explica el departamento, se encuentra la vinculación familiar del preso al País Vasco; en ocasiones, el arraigo social; el tiempo que la persona interna lleve cumpliendo condena fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, teniendo preferencia aquellos que lleven más tiempo fuera; y, por último, la situación penitenciaria y las posibilidades reales de reinserción.

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Otra de las cuestiones que el Partido Popular pregunta es acerca de los posibles privilegios que se ofrecen dentro de las prisiones a etarras. Entre estos, el PP vasco se centra en los trabajos dentro de las prisiones y la prioridad para obtener celda individual antes que los demás presos. El Gobierno Vasco, al responder a estas cuestiones, confirmó que hay 37 etarras en prisión afiliados a la Seguridad Social y la mayoría de ellos trabajan en labores relacionadas con el mantenimiento, subalternos y en bibliotecas. Ninguno trabaja en lavanderías o en gestión de residuos.

Acerca del reparto de celdas, el Ejecutivo vasco confirmó que en la prisión de Zaballa, de 54 condenados por terrorismo, solo dos comparten celda; en Martutene, 20 etarras deben convivir juntos, mientras que diez están solos; y por último, en Basauri, nueve están alojados en celdas compartidas, y tres están en individuales.

El Partido Popular vasco presentó ayer una nueva pregunta acerca de la «diferencia en la apreciación de arraigo» entre los presos condenados por terrorismo o pertenencia a banda armada y los demás presos. Esta deberá ser respondida en el pleno del Parlamento Vasco el próximo viernes 21 por la Consejera del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José López. Con esto, los populares del País Vasco pretenden descubrir como se facilitó el traslado de más de 100 etarras a las tres prisiones del País Vasco, mientras se denegaban más de 400 peticiones.