El PP solicita una comparecencia urgente de Reynders en la Eurocámara sobre la amnistía
La propuesta obliga a los partidos a definirse en la Comisión de Libertades
La Comisión de Venecia advierte sobre la amnistía y sugiere que se necesita una reforma constitucional
La Eurocámara pide que se prohíban las amnistías en casos de corrupción
Corresponsal en Bruselas
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Iniciar sesiónEl grupo parlamentario popular del Parlamento Europeo ha pedido que se tramite una comparecencia urgente del comisario de Justicia, Didier Reynders, para que clarifique las consecuencias que puede tener desde el punto de vista del derecho europeo la decisión del Tribunal Supremo de España ... de investigar al prófugo Carles Puigdemont por delitos de terrorismo, teniendo en cuenta que el Gobierno se propone aprobar una amnistía para librarle de todas las acusaciones.
La petición de que se tramite esa comparecencia se efectuó este viernes procedimiento escrito, lo que quiere decir que se considerará aprobada si ningún grupo político se opone antes del próximo martes a mediodía.
La publicación del borrador del informe de la Comisión de Venecia añade interés a esta iniciativa porque contiene numerosas indicaciones en las que se resaltan aspectos controvertidos e irregulares de la legislación que el Gobierno pretende aprobar esta misma semana.
El grupo popular europeo promovió esta solicitud basándose en el hecho de que el Supremo ha iniciado un nuevo proceso penal contra Carles Puigdemont y según los jueces «el tribunal no tiene ninguna duda de que las actuaciones atribuidas a 'Tsunami Democràtic' se tipifican como delito de terrorismo» y también que «existen varios indicios que acreditarían la participación de Carles Puigdemont en los hechos investigados. Entre ellos, el hecho de que desde el principio fue informado de la constitución del grupo organizado para la subversión del orden constitucional».
El escrito de los populares europeos recuerda que esta misma semana en el Pleno del Parlamento se aprobó una resolución en la que se le pedía al Gobierno español “total transparencia” sobre la tramitación de la ley de amnistía y también se elogiaba la decisión del Senado español de solicitar un dictamen a la Comisión de Venecia. La publicación interesada por parte del Gobierno del borrador del informe se ha considerado en medios conocedores del funcionamiento de la Comisión de Venecia como un gesto extremadamente negativo. Más aún teniendo en cuenta que los portavoces del propio ejecutivo y del PSOE han hecho una lectura sesgada y fuera de contexto de su contenido.
La comisión de libertades del Parlamento (LIBE), que preside el socialista español Juan Fernando López Aguilar, aceptó en principio tramitar la solicitud de comparecencia urgente del comisario y según el procedimiento ya ha enviado la información a los coordinadores de los distintos grupos que están presentes en la comisión para que pueda determinar su existe o no una mayoría suficiente para aprobarla y enviar la petición al comisario Reynders. Si antes del martes a las 13 horas ningún grupo se ha opuesto o si no hay una mayoría que se opone a este trámite, se tramitará formalmente la petición al comisario de Justicia.
En condiciones normales, sería muy probable que este trámite acabe teniendo efectos muy relevantes, porque la solicitud podría no aprobarse y en el caso de que finalmente Reynders pudiera comparecer como le pide el grupo popular, este ya ha dicho en reiteradas ocasiones que solo se pronunciará sobre la Amnistía cuando haya sido aprobada. Sin embargo, también es cierto que obligará a los grupos, sobre todo al socialista, a tomar públicamente una posición respecto a este polémico asunto. Para oponerse a la petición de comparecencia, el grupo socialista necesitaría el apoyo al menos de la extrema izquierda y de los verdes. Y la existencia del borrador del informe de la comisión de Venecia también podría obligar al comisario a intervenir en un asunto del que se sabe que “preocupa” a la Comisión Europea.
Los eurodiputados del PP, Dolors Montserrat, y de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ya enviaron sendas cartas a la Comisión Europea en las que informaban al ejecutivo comunitario precisamente de la decisión el Supremo de investigar a Puigdemont sobre actos de terrorismo, un delito que la legislación europea excluye expresamente de posibles amnistías.
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