El PP recurre la contratación de traductores realizada por el Congreso por saltarse la normativa

Consideran que los doce contratos firmados, cada uno de ellos por un valor de 14.999,99 euros, se tramitaron como contrato menor para poder desarrollarlos «eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación» y vulnerando «los principios de concurrencia, publicidad y transparencia».

Según explica el recurso, interpuesto por la secretaria general y portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, la Ley de Contratos del Sector Público establece como contratos menores los que tienen un valor inferior a 15.000 euros –los adjudicados se han hecho por un céntimo menos de esa cantidad– y no podrán fraccionarse con la intencion de disminuir la cuantía o eludir los requisitos relativos a la adjudicación.

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Emilio V. Escudero

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La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación determina que en caso de que el objeto del contrato sea «único» y se divida en «diversos expedientes», «habrá fraccionamiento indebido». Además, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado marca que para que un contrato sea calificado como menor este no debe ser modificado de forma fraudulenta y el contratista no debe haber suscrito más contratos menores que superen el umbral establecido.

En este caso concreto, el PP alega que es «evidente la unidad funcional» de los contratos dado que «el servicio de interpretación que se adjudica es el mismo y todos contienen idénticas condiciones». «Corresponde a una misma finalidad técnica y económica, por lo que deberían haberse tramitado en un único procedimiento que hubiera podido dividirse en lotes, pero se ha utilizado la contratación menor en fraude de ley».

El partido de Feijóo denuncia que se perjudica «de forma grave los intereses generales porque se impide encontrar una forma de prestación del servicio que sea lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público». «Se impide que otras empresas o intérpretes puedan acceder a prestar dichos servicios, eliminando la libre competencia y llevando a cabo una selección de los adjudicatarios al margen de cualquier criterio de objetividad y transparencia», advierten.

Además, los populares consideran «ilegal y arbitraria» la justificación de que realizar contratos menores responde a que se necesitaban traductores «con carácter previo al 19 de septiembre», dado que aún no se contaba con el amparo normativo al no haberse aprobado todavía la reforma para permitir el uso de las lenguas cooficiales, que salió adelante el 21 de septiembre.