El PP promete impedir beneficios a presos de ETA que no colaboren

En el punto 270 de dicho programa se afirmará que «garantizaremos que los beneficios penitenciarios a los que pudieran acceder los condenados por terrorismo vayan siempre ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento», según ha podido saber ABC.

Actualmente, la Ley General Penitenciaria ya contempla para la clasificación y progresión a tercer grado penitenciario -el que permite volver a la prisión o centro penitenciario únicamente a dormir- además de un buen pronóstico de reinserción social, «que hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades», se recoge en el artículo 72.6 de la ley.

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Sin embargo, para cumplir con dicha exigencia, la mayoría de etarras han optado hasta ahora por firmar documentos redactados por sus abogados en los que, con distintas fórmulas, se atisba un arrepentimiento que no llega a ser expreso, lo que vienen afeando tanto las asociaciones de víctimas como los fiscales de la Audiencia Nacional que llevan varias décadas luchando contra el terrorismo de ETA, oponiéndose con sus recursos en distintas ocasiones a la progresión de grado si no se cumplen los requisitos exigidos o solicitando el reingreso en prisión por medio de recursos.

El pasado marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez concluyó el acercamiento de todos los presos de ETA (175) de distintas cárceles españolas a las del País Vasco y Navarra con el traslado de los últimos cinco condenados de la banda terrorista, satisfaciendo un clamor de décadas de los partidos nacionalistas.

Dos años antes, en octubre de 2021, el Gobierno socialista cedió la competencia de la dirección y control de las cárceles del País Vasco al Gobierno regional. Pronto, su Consejería de Justicia creó la Agencia de Reinserción Social con el fin de que las juntas de tratamiento de las prisiones hicieran informes favorables a la semilibertad y los jueces de Vigilancia Penitenciaria -que deciden en último término- las autorizasen. Una medida que se publicitó como un paso adelante en el trabajo por la reinserción de todos los presos vascos, pero que en primer término estaba pensada para los de la banda terrorista.

Así, los etarras que están en las prisiones de Zaballa (Álava), Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa) se encuentran ya fuera del control del Ministerio del Interior. Son los equipos de las juntas de tratamiento, dependientes del Gobierno vasco, los que elaboran los informes de cada preso para ver si deben progresar de grado o no.

El juez de Vigilancia Penitenciaria decide sobre la situación del preso en última instancia, aunque previamente escucha a las cárceles y a la Fiscalía. En el caso de un cambio de gobierno a favor de Alberto Núñez Feijóo, revertir la competencia de la gestión de dichas prisiones resulta una opción harto difícil.

De ahí que el punto del programa de los populares sobre los beneficios de los etarras se apoye en la confianza de que se contará con una Fiscalía que se oponga a la progresión de grado y que esté dispuesta a recurrir todas las concesiones en las que haya posibilidad legal de hacerlo.

Fuentes del Partido Popular consultadas por este diario rechazaron que una reforma de la redacción de la Ley Penitenciaria vaya a ser la vía a la que recurran para impedir que los etarras que no colaboren con la Justicia reciban beneficios penitenciarios. Cuentan, en cambio, con la Fiscalía para conseguirlo y «velar porque, sin colaboración expresa, no haya ningún beneficio».

Además del arrepentimiento y la colaboración con la investigación, los jueces valoran el resto de circunstancias personales del interno, como en el caso de los otros presos. Unas circunstancias que tienen más que ver con su conducta en prisión en relación con los delitos cometidos.

El choque entre el Gobierno vasco al frente de las prisiones y la Fiscalía ha dejado varias situaciones paradigmáticas en los últimos meses. El pasado abril, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional suspendió el tercer grado que la Administración vasca había concedido al histórico etarra Joseba Arregi, alias 'Fiti', de 77 años, ordenando su reingreso en la cárcel de Martutene.

En noviembre la Audiencia Nacional ya revocó su semilibertad atendiendo al recurso del fiscal Carlos Bautista, que vio que no cumplía con los requisitos, entre ellos que no se había arrepentido de los delitos cometidos. Una sentencia del Tribunal Supremo de finales del año pasado fijó doctrina en cuanto a que los recursos de la Fiscalía suspenden el tercer grado hasta que el juez toma una decisión, por lo que se aplicó en el caso de Fiti, provocando su reingreso en la cárcel. El Partido Popular confía en bloquear los beneficios a etarras en todos los casos en los que pueda hacerlo de la mano de la Fiscalía.