El PP presiona a Sánchez para que cumpla con la transparencia

«El único patrimonio que exigían los socialistas para tener responsabilidades es el patrimonio de la honradez y el patrimonio de la transparencia», decía el secretario general del PSOE. Ese patrimonio, como ha publicado en numerosas ocasiones el diario ABC, se ha dilapidado desde que llegó al poder, con multitud de resoluciones en su contra del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Conocedor de ello, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso ABC, en la que insta al Ejecutivo a adoptar diversas medidas para elevar los estándares de calidad en cuanto a la transparencia.

Esta semana, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa –institución ajena a la Unión Europea– ha sacado los colores a España porque tiene asignaturas pendientes en cuestiones relacionadas con la corrupción y la transparencia. Entre otras cosas, el Greco reprocha que aún no se haya reformado el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recuerda, frente a los postulados gubernamentales, que deberían ser los propios jueces quienes los seleccionen. También pide que se cambie la forma de nombrar al fiscal general del Estado, que actualmente está en manos del presidente.

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Pero en lo meramente tocante a la transparencia, el Greco recuerda al Estado que está aún en la lista de deberes una legislación específica para regular la relación entre los 'lobbies' y los parlamentarios. Esa norma se registra legislatura tras legislatura, en un bucle que parece eterno, pero después no termina de ver la luz. A finales de marzo, el Congreso tomó en consideración una ley para vigilar la actividad de los grupos de presión, pero la iniciativa, por el momento, no ha avanzado más.

Unos días antes, los populares registraron una proposición no de ley en la Comisión de Política Territorial de la Cámara Baja, donde los partidos del Gobierno y sus socios deberán posicionarse sobre distintas medidas que el PP quiere promover en pro de la transparencia. La iniciativa no es vinculante, pero, de aprobarse, emite un mandato al Ejecutivo que difícilmente podría ignorarse, después, si siguen llegando resoluciones en su contra del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y menos si cabe cuando Sánchez promueve un plan bajo el nombre de 'regeneración democrática'.

«El Gobierno de España ha venido incumpliendo de manera sistemática esta normativa –la ley de transparencia– en lo que respecta a la información institucional (...). Esta opacidad impide a la ciudadanía conocer con precisión el funcionamiento, estructura y actividades de estas instituciones fundamentales para la cohesión territorial y la garantía del orden constitucional», razona el PP en la exposición de motivos de la proposición no de ley.

En ella, además, apunta «la ausencia de rendición de cuentas sobre los mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en áreas como seguridad, inmigración, infraestructuras o emergencias». Algo que, subrayan los populares, «impide evaluar con rigor la eficacia y eficiencia de estas actuaciones».

El PP pone el foco en la escasa transparencia de las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas y reclama:la publicación periódica y accesible de su información institucional, organizativa y de planificación;que se detallen sus estructuras internas, recursos humanos y materiales;que se implementen mecanismos de control y de rendición de cuentas;que se facilite el acceso a la información a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a los representantes públicos; que se elabore un informe anual sobre su actividad; y, por último y más genérico, que se promueva una cultura de «transparencia activa» e