El PP ve ya la ley de plazos como una realidad social y se centra en las menores

La polémica sobre el 'protocolo fantasma' para mujeres embarazadas en Castilla y León ha servido para que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, fije su postura sobre el aborto con claridad, después de años en los que este asunto fue especialmente incómodo para esta formación política. Tanto fue así que acabó en 2014 con la carrera política del que fuera ministro de Justicia con Rajoy e impulsor de una reforma de la ley Aído, Alberto Ruiz-Gallardón. Aquella nueva ley acabó en la papelera y el PP se limitó en 2015 a aprobar un cambio puntual para que las menores de 16 y 17 años no pudieran abortar sin consentimiento paterno.

En el último congreso del PP que tuvo ponencia política, el de 2017, se salvaba el apartado del aborto con una defensa del derecho a la vida, sin entrar en detalles: «El Partido Popular está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Continuaremos desarrollando planes de apoyo a la maternidad (...)»

A partir de julio de 2018, con Pablo Casado como presidente nacional del PP, tras ganar las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría, el aborto continuó siendo un tema prácticamente tabú. Nadie dudaba de la posición provida del partido ni de su presidente en particular, pero en Génova optaron por no agitar un asunto que podía producir una fuga de votos por el centro, y se remitieron siempre a lo que resolviera el Tribunal Constitucional.

Ha sido en las últimas semanas cuando Feijóo y su portavoz de campaña, Borja Sémper, han tomado las riendas para fijar con claridad la posición del PP, con un giro evidente. Desde Génova se habla ya sin tapujos del aborto como 'derecho de la mujer', algo impensable en el partido hace solo un año. Feijóo aseguró con rotundidad, en declaraciones públicas, que la ley de plazos, actualmente en vigor, no es un problema para el PP, ya que es una realidad social aceptada. Por eso, el foco lo ponen en el aborto de las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, una medida que queda consagrada en la nueva ley que está en tramitación parlamentaria. Es ese punto, según Feijóo, el que produce rechazo en el centro-derecha y en parte de la izquierda. Por eso en Génova entienden que su posición no causará ningún malestar en el electorado potencial al que aspiran ante las elecciones, y que abarca también el centro-izquierda.

En Génova recuerdan además que no tienen ningún poder de decisión sobre una hipotética retirada del recurso de 2010 ante el Constitucional, ya que este lo presentaron más de 50 diputados, y serían ellos los que tendrían que acordar su retirada. Muchos ni siquiera están en política ya.

Precisamente, varios firmantes de aquel recurso en 2010 han pedido ahora la recusación de Cándido Conde-Pumpido, así como las de Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, en la próxima deliberación sobre ese asunto. El exministro Federico Trillo, así como José Eugenio Azpíroz, Teófilo de Luis Rodríguez, Eva Durán y Carmen Álvarez Arenas consideran que esos cuatro magistrados no podrían ser imparciales al haber actuado de alguna manera a favor del proyecto de ley durante su elaboración.

Respecto a la nueva ley que está ahora en tramitación parlamentaria, el PP tiene presentado un veto en el Senado, que previsiblemente será rechazado, y más de 70 enmiendas al articulado. Ahí se incluye que las menores necesiten consentimiento paterno, que se recuperen los tres días de reflexión y que se elimine la lista de objetores de conciencia.