El PP introduce en el caso Koldo la auditoría del ministro Puente sobre las mascarillas

El escrito tiene forma de recurso de reforma contra la providencia por la que el juez José Luis Calama, en sustitución del instructor Ismael Moreno, autorizó que la Abogacía del Estado ejerciese, de momento, la defensa del subsecretario de Movilidad en el Ministerio de Transportes, Jesús Gómez García, que está investigado, maniobra que cuestionaban tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación que ejerce Liberum ante el posible «conflicto de interés» si, ante la detección de delitos fiscales, los servicios jurídicos públicos habían de acusar también en la causa.

El problema de fondo es que la semana pasada, el ministro Óscar Puente anunció el cese del subsecretario y las acusaciones, como informó este diario, le piden ahora que reconsidere su posición sobre la Abogacía del Estado como defensora del mismo. Pero el escrito, va más allá y reproduce párrafos significativos de esa auditoría interna que arrojaba diversas irregularidades tanto en la decisión de compra como en la distribución del material sanitario que adquirieron Puertos del Estado y Adif, introduciendo así en la esfera de la investigación judicial esas indagaciones administrativas.

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Entre ellas, figura mención expresa al cambio de la orden ministerial que acordaba la primera compra, y que pasó de pedir 4 millones de mascarillas a encargar ocho millones, según el mismo subsecretario, porque el asesor del ministro, Koldo García, le dijo que era «todo o nada», pero también recoge que el también investigado y cesado estos días Michaux Miranda, director general de Personas en Adif, contó a los funcionarios de la inspección que hizo llamadas de comprobación de las ofertas de otras empresas que niegan haber sido contactadas.

«Los hechos objeto de imputación al Sr. Gómez García se podrían calificar jurídicamente dentro del Título XIX de delitos contra la Administración Pública. No puede entenderse cómo la Abogacía del Estado pueda postularse en defensa de aquellos investigados por delitos que precisamente atentan contra los bienes jurídicos que debe defender», dice el escrito, al que tuvo acceso ABC.

Señala que «el resultado de la auditoría hecha pública por el titular del Ministerio de Transportes el 23 de agosto de 2024, acompañado de los ceses de dos cargos vinculados a los expedientes objeto de investigación penal deben revertir la decisión adoptada» que permitía a la Abogacía la representación del ya ex subsecretario.

Pide además que se cite a la Agencia Tributaria para que se le haga ofrecimiento de acciones de manera que pueda ejercer la acusación, ya que es «público y notorio el impacto que la presente causa tiene para los intereses del Estado por investigarse hechos de relevancia penal que, entre otras, habrían podido afectar a las arcas del Estado». Los servicios jurídicos estatales tendrían que ejercer «sin ningún genero de dudas», su representación.