El PP impulsa una ley para que la Audiencia Nacional refuerce la lucha antinarco

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, dirigido por Alicia García, presentará el próximo miércoles una proposición de ley para modificar la LOPJ con el objetivo de «clarificar y redefinir las competencias de la Audiencia Nacional, reforzando y ampliando sus capacidades» en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Concretamente, el texto que llevarán al Pleno de la Cámara Alta modifica el apartado primero del artículo 65 de dicha ley, que acota las circunstancias según las cuales un asunto debe ser asumido por los Juzgados Centrales. Entre otros cambios, plantea una nueva redacción del epígrafe que asigna a la Audiencia Nacional la competencia sobre los delitos de «tráfico de drogas o estupefacientes [...] siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias». Un criterio territorial que no se daba en el caso de los Castaña, todos en la misma provincia.

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El proyecto del PP elimina el carácter indispensable de esta condición y la introduce como una posibilidad más a tener en cuenta, mientras concurran otras. Incorpora en particular que aquellos delitos de narcotráfico en los que «se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico» sean de la Audiencia Nacional aunque no afecten a más de una provincia. Todos los casos con narcolanchas o buques nodriza se considerarían así de su competencia.

Viene a colación el asesinato de dos guardias civiles el pasado febrero en la bocana del puerto de Barbate (Cádiz) arrollados por una embarcación de esas características. Aunque en puridad la causa no se sigue por tráfico de drogas –nada se incautó–, sino por contrabando junto a las dos muertes intencionadas, que lo asumiera un juzgado de Instrucción local mixto en funciones de registro civil suscitó malestar y debate sobre la precaria situación de los órganos judiciales, especialmente los del sur de España, una de las áreas más afectadas por la lacra del narcotráfico.

Allí, a la falta de experiencia en causas a menudo con tramas de blanqueo y rama internacional, se suma un volumen elevado de trabajo del día a día, lo que provoca que la instrucción y el enjuiciamiento se estanquen y extiende el hastío en la judicatura, donde esas plazas se observan como destinos complicados. Se genera también sensación de impunidad de los criminales cuando, al alargarse los procesos, van quedando poco a poco en libertad y tienen más sencillo retomar su actividad delictiva.

La Audiencia Nacional, en esa zozobra, sonaba a respuesta. «No vamos a dar un paso atrás en la persecución del narcotráfico, el fraude o la trata de personas. Debemos combatirlo con la mejor respuesta policial, pero también con la mejor Justicia que tengamos a nuestro alcance. Precisamente de esto va esta reforma», traslada a ABC Alicia García, portavoz popular en el Senado.

En ese sentido, el cambio normativo también pretende que la Audiencia Nacional tenga la capacidad para perseguir los delitos de blanqueo de capitales cuando estén vinculados al tráfico de drogas. «Debemos poner en manos de la jurisdicción especializada los procedimientos más complejos del crimen organizado. El narcotráfico, el blanqueo de capitales o la trata de personas son prácticas criminales perpetradas por redes organizadas que, en muchos casos, cuentan con grandes recursos financieros y logísticos. Son enormes estructuras cuyas causas deben ser instruidas y enjuiciadas por órganos judiciales ampliamente preparados, como la Audiencia Nacional», señala Alicia García.

En cuanto a la viabilidad de la reforma, el texto tiene asegurada su aprobación en el Senado, dada la mayoría absoluta que ostenta el PP en esta cámara. Sin embargo, la norma viajaría después al Congreso, donde los populares necesitan contar con apoyos para alcanzar los 176 diputados que fija el Reglamento para aprobar leyes orgánicas.

Lo más factible sería un posicionamiento favorable del PSOE, aunque es difícil de imaginar ante el actual clima de bloques que ha instaurado Pedro Sánchez desde que construyó la mayoría, con partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, que le brindó la investidura.