El Tribunal de Cuentas revisará ayudas a Bildu por 1.300.000 euros

Para ello, los de Alberto Núñez Feijóo han tenido que superar el bloqueo con el que se toparon inicialmente en la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, donde los partidos del Gobierno de coalición, que cuentan con el partido que dirige Arnaldo Otegi como uno de sus principales socios, argumentaron que no se le puede reclamar a un organismo independiente como el TCu que rehaga su fiscalización como en un primer momento había solicitado el PP. «Hacemos lo que debió hacer el informe 1.612, que era fiscalizar ingresos y que no hizo. Una dejación de funciones que ha facilitado que Bildu cobre una subvención electoral de 1.300.000 euros«, ha denunciado este martes el senador popular Eloy Suárez, que también ha señalado a Interior por haber ejercido una función fiscalizadora que no le correspondía.

El 9 de mayo, como adelantó ABC, el PP registró una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que instase al órgano a completar su informe número 1.612, relativo a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales del 28 de mayo del 2023, remitido a las Cortes Generales. El motivo, que elude conscientemente pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si los aberzales podían haber incurrido en uno de los supuestos para dejar de percibir subvenciones electorales públicas previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

En su lugar, el órgano fiscalizador, en su informe remitido al Parlamento, solo apunta en una nota a pie de página que deberá resolver este entuerto «la autoridad competente», señalando claramente al Ministerio del Interior.

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Pero la Loreg es clara. Conforme a lo establecido en su artículo 127.4: «Las subvenciones previstas en este artículo no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados». Y el 28-M, la izquierda separatista vasca llevaba en sus listas hasta 44 condenados por delitos de terrorismo, siete de ellos por asesinato, tal y como desveló este diario, recogiendo un informe del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

La pregunta que queda por esclarecer es si Bildu, al incluir a etarras en sus listas, puede percibir subvenciones por los comicios municipales del año 2023. La Abogacía del Estado ya elaboró un informe para el Ministerio del Interior en el que lo desaconsejaba, pero modificó su postura tras las alegaciones que presentaron los de Otegi y en las que explicaban que sus candidatos ya habían suscrito el código ético de Bildu. No obstante, como publicó también ABC, la estrategia de los aberzales fue calcar la estrategia para el acceso al tercer grado de los presos de ETA, limitándose a una afirmación genérica parecida a otras ya rechazadas por la Audiencia Nacional, para manetener las ayudas electorales.

A esto se ha refereido precisamente este martes el diputado de Vox Juanjo Aizcorbe durante el debate en la Cámara Baja, en el que ha salido en defensa de la iniciativa de los populares, al quejarse de que «se adelantaron fondos públicos a una formación que llevó criminales condenados por terrorismo en sus listas sin que ninguno de ellos tuviera un gesto explícito de arrepentimiento o reparación de las víctimas». «No pueden formar parte de las listas sin arrepentirse y sin colaborar con la Justicia a esclarecer los casos sin resolver», apunta en conversación con ABC la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, autora de la iniciativa a la que ayer dieron luz verde Congreso y Senado, y que también lleva la firma de los portavoces de sus grupos parlamentarios en Congreso y Senado, Miguel Tellado y Alicia García.

«En el PP hemos sido siempre muy claros: ni un euro público puede acabar en las cuentas de quienes llevan a terroristas en sus listas electorales», sentencia Gamarra, que adelanta que el PP presentará en los próximos días otra iniciativa para apremiar al TCu para que proceda a la revisión. En caso de que el órgano dictamine que Bildu incumplió la Loreg, la coalición de partidos que lidera Otegi deberá devolver los 286.642,47 euros que cobró como adelanto el 14 de junio de 2023 y renunciar a recibir el resto.