El PP exige el cese del fiscal general del Estado: «No puede estar ahí ni un minuto más»

El PP ha exigido una vez más el cese de García Ortiz tras el segundo toque de atención que recibe del Supremo. El primero fue cuando le acusó de desviación de poder en relación a otro nombramiento que también afectaba a Dolores Delgado: su ascenso a primera categoría como jefa de la Fiscalía Togada del Supremo.

«Nuevo varapalo para el Gobierno y para el Fiscal General condenado. Pese a crear un cargo a medida para Dolores Delgado, el Supremo también anula su ascenso como fiscal de Memoria Democrática», ha denunciado en la red social X la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, quien ha reivindicado que «la Fiscalía no es una agencia de colocación» y ha defendido que no puede permanecer en el cargo «ni un minuto más».

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Precisamente este miércoles el Senado aprobará una moción consecuencia de interpelación pidiendo la dimisión de García-Ortiz. El PP aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante la iniciativa, que aunque no tiene carácter vinculante sí refleja la voluntad de una de las dos cámaras de las Cortes Generales.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de «depravación democrática». «Hoy tienen una oportunidad de oro para demostrar lo contrario, cesen al Fiscal General del Estado», ha retado al Ejecutivo.

A su juicio, «no hay nada más peligroso» que «un presidente ególatra y acorralado rodeado de aduladores», como cree que sucede a Pedro Sánchez. «España está cansada de la vanidad de un presidente cuyo proyecto está agotado, tiene mucho más pasado que futuro y está escondido sin dar explicaciones», ha denunciado.

En su decisión, los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo han admitido los recursos de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno de los candidatos a esa plaza, Luis Ibáñez, y ordenan retrotraer el procedimiento al momento en el que la mayoría de los vocales del Consejo Fiscal pidieron sin éxito a García Ortiz que se les permitiera estudiar la posible incompatibilidad de Delgado en esa Fiscalía especializada con las actividades que sobre este mismo ámbito desempeña su pareja, el abogado Baltasar Garzón.

En concreto, el órgano que representa a la carrera se tiene que pronunciar sobre si concurre o no la causa de prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según este precepto, los fiscales no podrán ejercer «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal».

En este caso los recurrentes recordaban que la pareja de Delgado preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón que desde hace más de una década «participa activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía».

El PP volverá a denunciar todos estos hechos este miércoles en el Senado en el debate de la moción que insta al Gobierno a cesar a García Ortiz y a nombrar un sustituto «que garantice la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia requerida para el ejercicio del cargo».

En el texto de la moción, a la que ha tenido acceso ABC, el PP fundamenta su petición «por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo».

También el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha denunciado la decisión del Tribunal Supremo: «Otro revés del Supremo al Fiscal General del Estado y a su jefe Sánchez. Y ya van tres». En cualquier caso, Tellado ha alzado que, «afortunadamente», el estado de Derecho funciona para quienes creen en la democracia y la separación de poderes, «le pese a quien le pese».

Desde la dirección nacional del PP en la calle Génova, apuntan que si la Fiscalía General del estado depende de Pedro Sánchez, «como él mismo dijo», la politización «sin precedentes» que vive la justicia «es su responsabilidad».

Los populares recuerdan así el Plan de Calidad Institucional propuesto por su líder, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con el «sistema clientelar» de designaciones «que practica García Ortiz y que ha avalado Sánchez». De hecho, acusan al fiscal general del Estado de actuar «como un ministro más» del Gobierno, igual que aseguran que ejercen su puesto José Félix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o Concepción Cascajosa en RTVE.

«La corrección moral que no se puede esperar de este Gobierno llega por parte de la Justicia», celebran fuentes de Génova, que insisten en que García Ortiz debe dimitir o ser cesado tras el nuevo dictamen del Supremo «en contra de sus decisiones arbitrarias».