El PP exige la dimisión de Armengol por permitir la comparecencia del yihadista del 17-A

Las reacciones por parte del Partido Popular no tardaron. La primera medida, el mismo día de la comparecía del yihadista, fue abandonar la comisión de investigación sobre los atentados. Tras esta decisión, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta de los populares en el Congreso, declaró que lo ocurrido fue «la viva imagen del colapso moral e institucional que Pedro Sánchez está provocando en España».

Añadió también acerca de la comparecencia que había sido «un pago más, un premio para satisfacer a Junts y mantener contento al prófugo Puigdemont». Álvarez de Toledo finalizó su declaración mostrando la iniciativa de su partido de presentar una queja ante la presidenta del Congreso, que ha convertido la Cámara Baja en «un cortijo de Sánchez».

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Este viernes, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, dio un paso más. Exigió a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que «ponga su cargo a disposición y dimita» por «prestar» el Congreso «como caja de resonancia de las fantasías de un islamista condenado». Además de exigir su dimisión, reprochó tanto al PSOE como a Armengol que promuevan «la impunidad de políticos», permitiendo «ataques directos a jueces, magistrados e incluso periodistas». Criticó asimismo la creación de la comisión de investigación del 17-A, que en su opinión «jamás debería haber existido» y que es «impropia y antidemocrática». Por último, sugirió que muchos socialistas sienten «vergüenza y asco» cuando ven «en lo que se ha convertido el Partido Socialista Obrero Español».

El PSOE, antes de responder a las críticas de la oposición y a las preguntas de los medios, prefirió mantener silencio. Los socialistas, que votaron a favor de la comisión de investigación y también de la comparecencia del yihadista para contentar a sus socios separatistas, escogieron este viernes centrar sus declaraciones en desacreditar los comentarios de Chemlal. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró desde Cádiz que «a un terrorista condenado no le haría mucho caso en ninguna de sus manifestaciones».

En la misma línea se manifestó el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, que suscribió las palabras de Grande-Marlaska, añadiendo que «no es un buen camino» dar «credibilidad a delincuentes». Aunque no especificaron si apoyaban la comparecencia del yihadista, sí que defendieron la creación de la comisión de investigación que propició la declaración de Houli Chemlal. «Se aprobó una comisión. Los grupos parlamentarios así lo decidieron y, sin duda es una competencia que tienen», apuntó Bolaños.

Margarita Robles también decidió responder ante las dudas sembradas por el terrorista acerca de la actuación del CNI. La ministra de Defensa declaró que le pareció «inaceptable». Además, insistió en la «falsedad» de los comentarios del yihadista, recalcando que las acusaciones vertidas eran solo «teorías conspiranoicas» y «ofensas». «El CNI no sólo no tuvo nada que ver», añadió la ministra, sino que su «objetivo fundamental es salvar vidas y protegerlas».

Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, fue el único socialista en salirse del argumentario y se lamentó de que se justifiquen «las cosas más horrorosas», refiriéndose a la comparecencia, y que se «humille ni más ni menos que la sede de la soberanía nacional».

A este silencio generalizado de los socialistas se sumó también el de Sumar, Bildu y el PNV, que sin embargo no estuvo presente en la comparecencia del terrorista. Junts se mantuvo inflexible en su búsqueda de una línea alternativa. Su secretario general, Jordi Turull, insistió en «el derecho a saber la verdad». «Yo he estado en la cárcel y juro que lo último que haces es salir de la cárcel y hacer un testimonio así», indicó Turull, amnistiado por el 'procés', quien además pidió al presidente catalán, Salvador Illa, que reclame que «se sepa todo».