tribunal constitucional
El PP acusa a Pumpido de «acallar al que no siga el discurso sanchista»
Cuca Gamarra, secretaria general del PP, se muestra indignada por el frenazo de Conde-Pumpido a la ponencia de la Ley de Memoria Democrática de las Cortes de Aragón
Pumpido frena una ponencia de la progresista Segoviano para evitar un varapalo al Gobierno
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El frenazo al que Cándido Conde-Pumpido sometió a la ponencia que suponía un duro varapalo para el Gobierno, al desestimar íntegramente el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la decisión de las Cortes de Aragón de derogar la ley autonómica de Memoria Democrática, ... provocó ayer la indignación del Partido Popular tras conocer la noticia en las páginas de ABC.
«Conde-Pumpido vuelve a demostrar que cumple a la perfección el papel para el que le nombró Pedro Sánchez y, con su actuación, garantiza la servidumbre del Tribunal Constitucional al Gobierno, imponiendo su criterio al de cualquier ponente con tal de ajustarse a lo que conviene a Sánchez», explica Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en declaraciones a este periódico.
La decisión del presidente del Tribunal Constitucional es para el PP una forma de «acallar a todo aquel que no siga el discurso sanchista a pies juntillas y de poner al Tribunal Constitucional al servicio de los intereses personales y políticos del presidente del Gobierno, en contra del interés general de España, que lo que necesita es tener unas instituciones fuertes e independientes», explica Gamarra, sorprendida al ver cómo hay asuntos que el Constitucional sí acelera, como ocurrió con la revisión de la ley trans de la Comunidad de Madrid, y otros que prefiere meter en un cajón.
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«Este es un nuevo ejemplo del desprestigio al que Conde-Pumpido está sometiendo al Constitucional, y que ya hemos visto con otros casos como el indulto por la puerta de atrás de los afectados por el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia democrática de España, y a cuyos líderes el PSOE aplaudía en su Congreso Federal», dijo ayer la número dos del PP.
Los argumentos esgrimidos por María Luisa Segoviano, magistrada progresista, son contundentes contra el Gobierno y se resumen en que la decisión de las Cortes de Aragón de derogar una ley que esa institución había aprobado en 2018 forma parte de sus competencias y no supone menoscabo alguno a la ley estatal de Memoria Democrática: «El legislador del pasado no puede vincular al legislador del futuro», señala en su propuesta de desestimación.
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