La portavoz del PSOE elude valorar las declaraciones de la vicepresidenta Montero sobre el caso Alvés: «Es opinable»

Más interés tenía aún, cuando este mismo lunes las asociaciones de jueces y fiscales han publicado un comunicado conjunto criticando las palabras de la vicepresidenta, y esta ha tenido una amplía respuesta de los líderes del Partido Popular.

Peña tiró de varios recursos para evitar entrar en el fondo de las múltiples preguntas que le formularon los periodistas presentes en la sala de prensa de la sede Ferraz. «Las sentencias de respetan», afirmó, pero también explicó que «esto no ha terminado aquí, la violencia sexual no va a quedar impune en este país» o «este país protege a las víctimas».

Lo más contudente que se permitió la portavoz socialista sobre la sentencia fue decir que «sentencias contradictorias como estas no parecen muy alegüeñas» o que era una «setencia difícilmente digerible». Mensaje mucho más moderado que el de la vicepresidenta.

Llegó a apuntalar su argumentación, cuando seguían lloviendo las cuestiones, que era una cuestión «opinable» y de «libertad de expresión».

Tampoco faltó el clásico que supone devolver el golpe redirigido hacia el Partido Popular. «Feijóo, no respeta nunca la presunción de inocencia», contraatacó Peña; «por ejemplo, en el caso del fiscal general del Estado. Cada vez que hablan de él, le condenan de forma miserable. Este es el respeto que el PP tiene de la presunción de inocencia», trató de reorientar la cuestión.

Más allá de este asunto, Esther Peña respondió preguntas más habituales sobre otras cuestiones importantes. Sobre la guerra arancelaria aseguró que el PSOE y el Gobierno estaban preparados y que siempre estarían del lado del campo, «al contrario que el silencio clamoroso de la derecha y ultraderecha española que parecen más cerca de Trump».

Pidió, de nuevo, la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y defendió, sobre el gasto militar y los Presupuestos Generales del Estado, que «son expansivos, tienen fondo y son el marco adecuado para el incremento de la capacidad legislativa».