La portavoz del Gobierno vulneró la neutralidad institucional

El órgano electoral abrió expediente sancionador a la portavoz del Gobierno tras la última de estas impugnaciones -por la rueda de prensa del pasado 25 de abril- y después de dos apercibimientos por otras declaraciones partidistas y críticas con el PP en las ruedas del Consejo de Ministros. Desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, el 18 de abril, por ejemplo, dijo que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se «salta la Constitución».

La JEC deja claro en su resolución que «la realización de alusiones y apreciaciones valorativas con connotación electoralista podría resultar legítima en el curso de un acto de campaña o en el ordinario ejercicio de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de la actividad institucional propia de una autoridad pública».

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Así, la JEC resuelve que Rodríguez vulneró el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que señala que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Se ha designado por tanto como instructor al vocal Andrés Palomo del Arco y como secretario a Carlos Gutiérrez Vicén, que ostenta esta función en la JEC, para que diluciden en un plazo de tres meses si la ministra portavoz debe ser sancionada. Las multas oscilan entre 300 y 3.000 euros.

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Además, dadas las «reiteradas vulneraciones del artículo 50.2», piden a la ministra que no vuelva a faltar a la neutralidad institucional. Y que «sean retiradas de la web institucional las manifestaciones presuntamente valorativas» que hizo en sus comparecencias, que se producen todos los martes después de la reunión ordinaria del Consejo de Ministros.

En julio de 2021, Isabel Rodríguez se convertía en uno de los nuevos rostros del Gobierno de Pedro Sánchez, reformado más en profundidad que nunca. La que fuese alcaldesa socialista de Puertollano (Ciudad Real) llegaba para sustituir a Miquel Iceta -que pasaba a ser ministro de Cultura- en la delicada cartera de Política Territorial, tan esencial en todo lo relativo a las relaciones con la Generalitat de Cataluña, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la portavocía del Ejecutivo.

Sus dotes comunicativas la convertían, a ojos de Sánchez, en la persona idónea para el cargo. Tras grandes elogios a la prensa, comenzó su andadura con un claro propósito, que ella misma expresó así: «No usaré la sala de prensa para hablar de los partidos políticos».

Sin embargo, las comparecencias ordinarias de los martes no tardarían en llenarse de argumentos más propios de la confrontación política que de la tarea estricta del Gobierno e incluso de invectivas contra el primer partido de la oposición y su líder, algo que se acentuó en la primavera de 2022, cuando Alberto Núñez Feijóo sucedió a Pablo Casado como líder del PP.

En ocasiones esos ataques se producían a preguntas de los informadores que asisten semanalmente a la sala de prensa de La Moncloa, pero en otras 'motu proprio', con documentos y fichas elaborados al respecto y que la portavoz u otros ministros leen durante sus comparecencias. Nada que no hubiera ocurrido en ocasiones anteriores, pero se trataba de una práctica que la propia portavoz se había comprometido a abolir.

Así ocurrió, sin ir más lejos, en la rueda de prensa del martes pasado, cuando Rodríguez llegó pertrechada del decreto de 1983 que regula el orden protocolario para las autoridades en los actos en Madrid, al hilo de la polémica protagonizada el día anterior por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la Puerta del Sol, cuando la jefa de protocolo de Isabel Díaz Ayuso le impidió subir a la tribuna de autoridades, donde solo estaba prevista la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Rodríguez blandió una copia de ese decreto, visiblemente subrayada con un rotulador naranja, y con una sonrisa ironizó: «Hay que ver lo que se puede estirar un decreto», antes de recordar, en el mismo tono, que ella tenía «dos años» cuando se promulgó. Nada que tuviera que ver con los asuntos abordados ese día por el Consejo de Ministros, pero sí con la confrontación política con el primer partido de la oposición.