Clara Ponsatí planta a Llarena y regresa a Flandes para evitar su detención

En un escrito que su defensa ha presentado ante el Alto Tribunal, y al que ha tenido acceso ABC, el letrado Gonzalo Boye argumenta, entre otras cuestiones, la falta de competencia del propio Tribunal Supremo para juzgarla por el delito de desobediencia por el que está procesada (hasta la reforma del Código Penal también lo estaba por sedición).

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Señala el abogado que una vez iniciado el procedimiento de amparo de los privilegios e inmunidades de Ponsatí, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al instructor a suspender el procedimiento judicial, lo que implica «dejar sin efecto la citación prevista así como el resto de las medidas restrictivas de los derechos de mi representada adoptadas».

A ello suma que la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo de la que es miembro Ponsatí tiene sesiones convocadas para este lunes, «lo que lógicamente resultaría en cualquier caso incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas».

Argumenta el letrado, además, que todavía están pendientes de resolución diversos recursos que «corroboran la ilegalidad del presente procedimiento, la vulneración de distintos derechos fundamentales de mi representada, y que acreditan que ni el instructor ni esta Sala de lo Penal son el tribunal establecido previamente por la ley en el sentido del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Boye, preguntado en TV3 minutos antes de las once de la mañana por el plantón de Ponsatí al juez Llarena, ha recordado que la eurodiputada ya dijo el domingo que «tenía que trabajar» y ha reiterado, informa Daniel Tercero, la estrategia de defensa basada en que no hay caso que investigar, en todo caso habría prescrito y que, seguro, el juez debería haber pedido una suplicatorio.

Preguntado por las consecuencias que podrían acarrear a su defendida, el letrado ha reiterado que: «No le puede comportar nada. Llarena no es el juez preestablecido por ley, los hechos no son constitutivos de delito y, si lo fueran, estarían preescritos y Llarena no ha pedido el suplicatorio».

Tras analizar el escrito de Ponsatí, Llarena ha emitido una providencia en la que el juez del Tribunal Supremo da cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, además de pedirle las pruebas documentales esgrimidas a Boye, para que informen de lo que consideren oportuno en relación a la nueva situación creada por el desplante de la eurodiputada de Junts.