Policías y guardias civiles salen a la calle en toda España contra Marlaska

Reclaman que, como ocurre con otros cuerpos locales y autonómicos, —como la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra—, su profesión sea considerada de riesgo, algo que el PSOE se negó a incorporar en un debate del Parlamento Europeo este miércoles. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los convocantes integrado en la plataforma por una jubilación digna y la equiparación salarial, no renuncian, sin embargo, a que se «tomen decisiones a nivel estatal».

La indignación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crece, en un inicio de legislatura que no está siendo sencillo para Fernando Grande-Marlaska. Otras cuestiones como la lucha contra el narcotráfico o la inmigración han entrado por la fuerza en la agenda del ministro. La primera después de que la semana pasada dos agentes de la Guardia Civil murieran asesinados al ser embestidos por una narcolancha mientras patrullaban en Barbate (Cádiz).

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Los actos de protesta de este hoy —en los que se pudo ver a figuras de la oposición como a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith—, han empezado con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y con la lectura de un manifiesto centrado, en el caso del combate al tráfico ilícito de drogas, en la petición urgente, aunque no novedosa, de calificar como Zona de Especial Singularidad el Campo de Gibraltar, lo que implicaría una mejora en cuanto a los medios materiales y económicos de que disponen los agentes allí destinados.

Otro de los problemas que ha estado encima de la mesa de Marlaska en los últimos tiempos es la inmigración irregular. Si bien las cifras de llegadas se mantuvieron en una tendencia descendente en los primeros gobiernos de Pedro Sánchez, el año pasado cerró con un aumento del 82% respecto al anterior (64.298 personas entraron de forma irregular en territorio español), con Canarias y el aeropuerto de Madrid como principales focos. Este último llevó a imponer visados de tránsito a Senegal y Kenia, para frenar el uso fraudulento de las escalas en Barajas, que tuvo durante semanas colapsadas las salas de admisión ante el volumen inusualmente alto de solicitantes de asilo de estas nacionalidades, entre otras.

Con la disposición del trámite, la situación se ha relajado y esta misma semana la Policía Nacional desarticuló una red internacional que explotaba esta vía para introducir migrantes en España. Antes, Cruz Roja abandonó las instalaciones, donde el Ministerio de Trabajo llevó a cabo una inspección después de que el SUP denunciara que no se estaban cumpliendo las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para que los agentes encargados del control realizaran su trabajo.

En este contexto, los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil parece que seguirán acudiendo a la calle en señal de descontento con el Ejecutivo e Interior. En enero los sindicatos advirtieron que esperaban una llamada de Marlaska para sentarse a negociar como condición para retirar las manifestaciones previstas. La próxima, el 16 de marzo en Madrid, donde esperan que acudan agentes de todos los puntos de España y que sea multitudinaria. Ésta, igual que la de hoy, sigue en pie, pues, según defienden, esa llamada no se ha producido.