La Policía toma declaración al Pequeño Nicolás por un carné de conducir falso que le habría hecho un hacker
Quedó en libertad tras acogerse a su derecho a guardar silencio
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, en la Audiencia Provincial de Madrid
La Policía Nacional citó a comparecer el pasado viernes a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'Pequeño Nicolás', para tomarle declaración en relación a un presunto carnet de conducir falso que según sospechan los investigadores, le habría expedido el joven hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec ... , tras infiltrarse en los sistemas de la Dirección General de Tráfico.
Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, Gómez Iglesias se acogió a su derecho a no declarar. Fuentes de su entorno subrayan que él nada tiene que ver con estos hechos y que ni siquiera acostumbra a conducir. A la comparecencia acudió con el estatus de «detenido-investigado».
La citación en dependencias policiales se produjo en el contexto de la Operación Jordan que sigue un juzgado de Granada en relación a la infiltración registrada en la red del Ayuntamiento local desde la que se accedió a los servicios de recursos humanos para cambiar una serie de cuentas bancarias de trabajadores públicos a fin de desviar el destino de sus nóminas.
En la investigación aparece la misma técnica empleada contra la Consejería de Sanidad madrileña y un listado de potenciales objetivos para realizar el mismo tipo de operaciones, entre grandes empresas y redes públicas de otras comunidades autónomas, como destapó ABC.
También constaba que Alcasec podría haber expedido carnés de conducir a una decena de personas, la mayoría vinculadas al mundo de la noche y algunas, con antecedentes penales previos.
Se presume que habría obtenido las herramientas para la suplantación directamente de la Dirección General de Tráfico, habida cuenta de la trayectoria de este joven que a sus 19 años, tiene en su haber entre otras, la penetración en el Punto Neutro Judicial -la red que comunica los órganos judiciales de toda España con otras instituciones y entidades- y la sustracción y puesta a la venta posterior de los datos de medio millón de contribuyentes.