La Policía sostiene que los ecologistas de Futuro Vegetal amparados por Sumar y Podemos son «una amenaza para la paz social»

Porque la Policía cree que sus miembros, en su lucha por acabar con el cambio climático, han ido más allá de la desobediencia civil no violenta, que su estructura se ha «optimizado» en la ejecución de presuntos ilícitos que comprenden desde desórdenes públicos y daños materiales hasta infracciones penales contra la seguridad vial y el tráfico aéreo.

A sus espaldas tienen acciones como la de pegarse a los marcos del año 1900 de 'Las majas' de Goya y cuyos daños El Prado ha cifrado en 3.600 euros advirtiendo, eso sí, de los «costes intangibles»; el bloqueo de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez-Barajas, «una infraestructura crítica» del Estado; o acciones como el corte de los accesos a Mercamadrid, que provocó retenciones en la M-40 «con el consiguiente peligro para los usuarios que circulaban». También han vandalizado bienes privados.

En el informe, tras un año de investigación, la Policía explica que el colectivo «cumple los requisitos» para ser considerada una presunta organización criminal por el número de personas que lo conforman, su estructura interna, la estabilidad en el tiempo de sus acciones y su fin principal: «Cometer hechos delictivos».

En total, les atribuyen más de 60 acciones llevadas a cabo por todo el territorio nacional, cada una de ellas «meticulosamente» planeada, dicen. «Los delitos cometidos por esta organización no son actos aleatorios ni esporádicos, sino que forman parte de una estrategia bien orquestada y de mayor alcance». Según el informe, sólo en Madrid tienen 15 causas judicializadas por la que están siendo investigados una veintena de sus integrantes.

Los hechos son varios: lanzamiento de pintura a las sedes del PP y PSOE, una sucursal del BBVA, las fachadas del Ministerio de Agricultura o el de Justicia. Suelen usar extintores para que la mancha tenga un mayor alcance, aunque desde el colectivo aseguran que lanzan pintura de remolacha. También les investigan, entre otros hechos, por el bloqueo del aeropuerto o los cortes de carreteras antes mencionados.

Sus finanzas también han sido objeto de análisis. La Policía apunta a «transacciones financieras sospechosas y la posible existencia de fondos ocultos». Sostiene que sus líderes no trabajan y se han puesto un sueldo que sufragan con las donaciones que recibe el colectivo. Tal y como desveló ABC, uno de los líderes de Futuro Vegetal, que se hace llamar Bilbo Bassaterra, desvió a su cuenta personal 54.000 euros en nueve meses. Es la misma persona con la que Belarra se reunió este viernes en el Congreso de los Diputados. Y que entró en la propia Cámara Baja con otras dos jóvenes que se pegaron con pegamento a un atril mientras él exhibía un cartel. La Brigada Provincial de Información le detuvo en diciembre, pero no sólo. También lo hicieron la Gendarmería francesa y la Guardia Civil en una operación conjunta por el sabotaje de una gasolinera en Francia.

Además del recibimiento de Belarra y el secretario de Economía de Podemos, Tito Morano, en la sala Peces-Barba del Congreso, gesto inequívoco de muestra de apoyo, Sumar y otros dirigentes del partido morado firmaron este viernes un manifiesto impulsado por el colectivo ecologistas en el que reclaman al Gobierno despenalizar sus acciones reivindicativas y hechos vandálicos.

Fue suscrito por más de 60 personas, entre ellas políticos y profesores e investigadores universitarios. Y señala lo siguiente: «Condenamos las actuaciones de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, y conminamos al Ejecutivo a que corrija esta situación, despenalizando las protestas y derogando la sobradamente conocida Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana».

Exministros de Podemos como Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero lo firman. También la portavoz parlamentaria adjunta de Sumar, Aina Vidal, y el portavoz de Verdes-Equo e integrante de Sumar, Florent Marcellesi. Defienden que «el grupo utiliza la desobediencia civil, reconocida por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como un método de protesta legítimo». Y añaden: «Las leyes deben proteger a la población, no condenarla a contemplar pasivamente cómo se destruye nuestro futuro».