La Policía ratifica que Anboto participó en el atentado de Mendizorroza por el que fue absuelta

Así lo han vuelto a explicar dos peritos policiales este martes en la Audiencia Nacional, donde otro tribunal absolvió a Anboto de este mismo atentado hace un año y medio. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio porque dos de los tres magistrados que la juzgaron y absolvieron en marzo de 2021, José Ricardo de Prada y José Antonio Mora, no valoraron correctamente una prueba clave en esta causa.

Esa prueba no es otra que las huellas que se recogieron en 1985 en ese coche-bomba y que la Policía pudo acreditar en 2019 que pertenecían a Anboto, gracias a los medios tecnológicos con los que cuentan ahora los investigadores policiales.

Fue el fiscal del caso, Carlos Bautista, quien solicitó ese cotejo dactilar porque, como el mismo ha explicado en su informe final, «estamos hartos de no aprovechar elementos que están en los sumarios desde hace muchos años». Y ha puesto como ejemplo otros casos en los que la Justicia española condenó a etarras con pruebas similares. Por ejemplo, a José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', por el atentado contra la casa cuartel de Llodio (Álava) gracias al ADN en las colillas de sus cigarros.

Fue así como la Policía, a través del Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID) que utilizan todos los cuerpos policiales de España, analizó las huellas del coche-bomba de aquel atentado, cuatro en el volante y una en el cenicero. El resultado no dejó dudas: todas las del volante coincidían sin margen de error (12 coincidencias positivas y ninguna negativa) con las que las fuerzas de seguridad tomaron a Anboto antes y después de ese atentado, desde que fue detenida en 1981 por primera vez en Francia hasta que fue entregada a España en 2019. La del cenicero corresponde a otra persona, que no se ha podido identificar, según explican los agentes.

El fiscal se ha mostrado tajante al asegurar que la búsqueda de esas pruebas y la repetición de este juicio, en el que solicita hasta 488 años de cárcel para Anboto, no son ninguna «caza de brujas ni conspiración», sino que, «después de muchos años aquí, uno sabe dónde buscar». Y, gracias a esas huellas que él mismo pidió investigar y que la Policía identificó 34 años después del atentado frustrado, la Fiscalía defiende que Soledad Iparraguirre fue «la única persona que estuvo al volante» de ese coche-bomba.

El fiscal también ha rebatido uno de los argumentos con los que la víspera, en la primera sesión del juicio, Anboto se desvinculó de este atentado, según dijo porque no entró en ETA hasta cinco años más tarde, en 1990. Bautista recuerda que ella misma reconoció que bastante antes, por ejemplo en 1987, ya formaba parte del comando Araba, el mismo que intentó la masacre de Mendizorroza en un día de partido. Así consta en sentencias que la propia Anboto ha aceptado de conformidad con la Fiscalía por otros atentados.

La Fiscalía también ha repasado que las penas de cárcel que le puedan caer a Anboto en este o futuros juicios apenas le importan a la exjefa de ETA porque «equivalen a suma cero». Y es que ya acumula condenas por más de 30 años de prisión, el límite máximo de cumplimiento efectivo en su caso, «y lo único que va a cumplir son 20». Por eso señala Bautista que Anboto «peca de banalidad» cuando alude a su madre para justificar que haya decidido defenderse en esta causa, a diferencia de lo que ha hecho en otras en las que sí reconoció su culpabilidad.

Esa intervención del fiscal ha molestado sensiblemente a Anboto, que en su turno de última palabra se ha mostrado «dolida» por la referencia al tiempo que le queda en la cárcel. La exjefa de ETA ha aprovechado para recordar que lleva 18 años entre rejas, aunque sólo tres en España, y se ha lamentado de que no pueda descontarse en nuestro país los 15 años de cárcel que pasó en Francia.

También ha echado cuentas sobre su horizonte vital y penitenciario, recordando que tiene ya 61 años: «¿Eso es lo que me propone la Justicia española, salir con 90?», se quejaba Anboto al fiscal a sabiendas de que nadie podía contestar a esa pregunta retórica.

Soledad Iparraguirre ha insistido en que todas las condenas de etarras basadas en lo que confesaron ellos mismos y otros miembros de la banda cuando fueron detenidos son injustas porque, según la exjefa de ETA, están basadas en «torturas» de las fuerzas del orden.

Y en ese punto se ha agarrado al mantra habitual de los etarras en estos casos: «Sería mucho mejor y más cómodo para todo el mundo, incluso para el señor fiscal, reconocer que se ha torturado». Y a pesar de encontrarse en sede judicial, no ha dudado en acusar de «torturador» a uno de los agentes que comparecieron el día anterior para declarar como testigos y peritos.

Una vez que este juicio ha quedado visto para sentencia, Soledad Iparraguirre vuelve a la cárcel alavesa de Zaballa, donde fue trasladada por el Gobierno de Sánchez en verano de 2021. También está imputada en otras causas de la propia Audiencia Nacional por su posible responsabilidad en atentados de ETA durante su etapa al frente de la banda terrorista.