La Policía y la Guardia Civil sitúan a la CUP tras la violencia de los CDR

Estos informes, que hasta hace apenas unos días se encontraban bajo secreto, forman parte de las diligencias que se incoaron a partir de un acto de sabotaje a las vías de alta velocidad en Cataluña en el año 2017. Después se incorporarían otros actos de boicot –como el artefacto casero que explotó en un concesionario alemán cuando Carles Puigdemont fue detenido en aquel país–, protestas radicales –quemas de contenedores, batallas campales– o gestos fruto de la «campaña de acoso y violencia que sufren los representantes de las instituciones del Estado en Cataluña». Figuran los ataques a la casa del magistrado instructor de la causa por el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena; o a la vivienda del exministro y socialista catalán Salvador Illa, entre otros.

El punto de partida, la «existencia de grupúsculos muy radicales dentro del universo de los CDR dispuestos a llevar a cabo acciones como las investigadas sin importar las consecuencias», que en el caso de los sabotajes en trenes y autopistas podrían ser «terribles» y costar vidas humanas. La sospecha, que no eran grupos aislados antisistema, sino «parte de un entramado que en su conjunto persiga mediante una estrategia planificada y organizada subvertir el orden constitucional».

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Isabel Vega

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La conclusión se refleja en un informe, esta vez, de la Policía Nacional: «Una auténtica organización criminal» que cobra forma de pirámide a ojos de la Guardia Civil. Arriba estarían las estructuras de poder e incluso en determinados momentos, como en el otoño de 2018, la Generalitat de Cataluña.

Como ya informó este diario, el entonces president Joaquim Torra se reunió en dos ocasiones con tres responsables de los CDR en agosto y septiembre de aquel año y les dio «instrucciones y directrices» sobre las acciones para conmemorar el 1 de octubre. Dijo que miraría por que la gran protesta tuviese lugar a las puertas del Parlament y en esa jornada, animó a los comités a «apretar». Por la noche, cientos de personas intentaron asaltar la institución.

Pero de fondo, se detecta a la CUP «en cada uno de los actos o de las reuniones o asambleas que se celebran, sufragando gastos, aportando material, etc». Y es a golpe de escuchas telefónicas. En 2017, para esclarecer quiénes estaban tras el sabotaje al tren, se intervinieron dos teléfonos. Al final de 2018 había una veintena de personas monitorizadas, entre ellas los máximos responsables de diversos comités en distintas zonas del territorio catalán.

Uno de esos investigados llega a decir: «La CUP financia a los CDR y han metido mucha gente dentro». «Es un hecho sumamente grave que pondría de manifiesto que la CUP está detrás de los CDR y en última instancia, detrás de los hechos delictivos investigados», dice la Guardia Civil tras procesar la conversación.

En sus escuchas no sólo aparecen militantes del partido, sino también un concejal viajando con una delegación de los CDR que asiste a una reunión en una herriko taberna en el País Vasco, y una exdiputada y miembro del Secretariado Nacional de la CUP ofreciendo a la principal dinamizadora de una protesta a las puertas de una comisaría «cualquier cosa o algún tipo de respaldo». Para los agentes, de ese gesto «pudiera inferirse dependencia jerárquica».

«Llama la atención el miedo que tienen a que ilegalicen la CUP por la relación de los CDR con dicho grupo político», dice otro de los pasajes. Los escuchados comentaban ese temor porque uno de los actos de violencia impulsados podía ser calificado como terrorismo, pero constan otros vínculos. Como un viaje gestado por los investigados a Suiza a visitar a Anna Gabriel, cuando todavía estaba en fuga para evitar ser detenida por el procés, o el fondo de apoyo que crearon para ella. También un acto de Endavant para el que uno de los cabecillas de los CDR hizo hasta la reserva de la sala. De esa formación, integrada en la CUP, consta en las actuaciones un documento que a modo de principio rector, llama a movilizarse «hasta las últimas consecuencias» para conseguir la república.

Para la Policía Nacional, «la autoría intelectual de la puesta en funcionamiento de los grupos corresponde y es asumida por la Esquerra Independentista actuando como agente provocador de la radicalidad dentro de las movilizaciones». En un momento en que la Guardia Civil expone que los CDR están cogiendo alas, que «están en contacto a alto nivel con ERC, CUP, la ANC y Omnium Cultural» y tienen «previsto contactar con el PDeCAT», la Policía apunta que la EI está realizando «auténticos esfuerzos por capitalizar la dirección en detrimento de la eventual influencia que pudieran ejercer otros sectores del secesionismo». Les «instrumentaliza», dice, como «herramienta de agitación». Es lo que según la Guardia Civil, hacen con ellos otros «estamentos» en Cataluña, incluido el entonces presidente, Torra.

Por debajo de esos niveles de poder, habría tres escalones más que empiezan en el ámbito local, incluso a nivel de barrio, y se van coordinando en agrupaciones más amplias hasta llegar a la coordinadora nacional. Juntos protagonizaban en 2018 una «escalada de acciones cada vez más violentas» con esa meta fija de «subvertir el orden constitucional» hasta separar a Cataluña del resto del Estado.

No siempre son los mismos. Los informes reflejan que los más radicales van cobrando peso en detrimento de los que no lo son y se bajan del carro. R.M., al que la Guardia Civil sitúa en lo más alto de los CDR y que estuvo en las dos reuniones secretas con Torra, describirá el momento álgido en 2018 con otras palabras: «República o colapso».

Consta como a lo largo de los meses fueron incrementando sus medidas de seguridad, tirando de expertos en informática que sin haber estado en primera fila en las protestas, eran «de fiar». En cosa de semanas, decaen las llamadas por la vía telefónica convencional, cambian de terminales, empiezan a denominarlos «cacahuetes» en vez de móviles. No sirve de mucho porque la Guardia Civil acaba detectando las nuevas líneas pero aún así, hacen por mantenerse «en la clandestinidad».

Como ejemplo, una reunión en Francia, en mayo de 2018, «para la que se adoptaron extraordinarias medidas de seguridad y a la que acudieron dos representantes de cada CDR territorial». A una de las principales organizadoras del evento la estaban escuchando. «Solo se podía asistir si eras acreedor de una tarjeta que había generado ella y que habría de ser validada por más personas dentro del ámbito territorial de cada CDR. Los teléfonos tendrían que quedar fuera del recinto», dice un informe.

«No se han de subestimar estas informaciones», dice la Guardia Civil cuando aprecia que los CDR están invirtiendo en ser más discretos a golpe de «reclutamiento» para crear una red de expertos que «garanticen y protejan sus actos». «Es evidente que disponen de conocimientos suficientes en materia de seguridad informática. Si ese proyecto se consolida y avanza posiblemente nos encontraremos ante un reto difícil de investigar», apunta.

Una de las líneas de investigación derivadas de este punto y que se siguen aún en secreto en la Audiencia Nacional tiene que ver con el grupo denominado CNI catalán y su aspiración de constituir una república con un consell completamente digital y así, difícil de derribar. Tal y como informó este diario, proyectaban un censo de ciudadanos y hasta una criptomoneda propia.

También siguen abiertas las pesquisas sobre Tsunami Democrátic, la plataforma que en redes sociales fue coordinando y organizando protestas violentas en distintos puntos de Cataluña tras la sentencia condenatoria en el Supremo a los líderes del procés, incluyendo la paralización del aeropuerto de Barcelona. Todo, a golpe de tecnología y siempre online. En ellos, como en el sabotaje a las vías del tren, las fuerzas policiales ven la misma ambición detrás y en algunos casos, también a las mismas personas.

Los CDR como «instrumento concebido para fomentar dinámicas de confrontación con la finalidad ultima de conseguir la segregación de una parte del territorio a la soberanía del estado amparándose en el anonimato», dirá la Guardia Civil. La Policía, por su parte, lo resume así: «Normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado».