El Poder Judicial se acerca al lustro sin visos de renovación

La insólita anomalía democrática que supone la situación -no resuelta ni siquiera tras la dimisión del que era presidente del órgano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en octubre del año pasado- provoca un colapso en la cúpula del Poder Judicial.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales y los magistrados del Tribunal Supremo que se jubilan no son sustituidos debido a la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos por la que el CGPJ no puede realizar nombramientos mientras esté en funciones. Se trató de una medida de presión para que el PP se aviniera a renovar, pero a día de hoy no se ha sellado el acuerdo que estuvo a punto en dos ocasiones desde el vencimiento del mandato de los actuales vocales, a finales de 2018.

Las peores consecuencias las sufre el Supremo, ya con el 25% de su plantilla (21 de los 79 magistrados que lo conforman) vacante. A finales de año ese porcentaje llegará al 30% y se habrán dictado unas 1.230 sentencias menos.

Las dos colectivos más representativos entre los jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), se muestran pesimistas. No creen que la renovación del Poder Judicial vaya a tener protagonismo en las negociaciones políticas que acaban de iniciarse para lograr una investidura.

«El Consejo ya está sacrificado a los intereses políticos de cada momento. El verdadero deterioro está en la forma de entender las instituciones por parte de los políticos, quienes entienden que es un lugar donde colocar a personas que defiendan sus intereses. Se trata de cálculos cortoplacistas que deberían abandonarse y hacer un examen de conciencia», lamenta Jorge Fernández Vaquero, portavoz de AJFV. «El interés ahora mismo está en formar Gobierno. No se puede dilatar mucho la renovación porque Alberto Núñez Feijóo no tiene apoyos suficientes en el Congreso para reformar la ley y modificar el sistema de elección de los vocales, como pretendía, y el PSOE no quiere modificarla. Así que la discusión sobre si viene antes la reforma legal que el desbloqueo no tiene sentido y habría que renovar cuanto antes. Sin embargo, el foco está ahora en otro sitio», afirma la presidenta de APM, María Jesús del Barco.

Europa lleva años, tanto en los informes anuales del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) como en los de Estado de Derecho de la Comisión Europea, instando a España a que sean los propios jueces, en lugar del Parlamento, quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ para garantizar la independencia del Poder Judicial. El PP apoya la reforma, pero ahora no tendría mayoría suficiente en las Cortes para que se apruebe y el PSOE cree que el sistema actual es inmejorable.

En Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ven en la formación de un nuevo Gobierno una oportunidad para la renovación. «Debe ser el tema esencial de esta legislatura. Nosotros siempre hemos dicho que el PP es quien bloquea. El partido que ahora se queje de que otros impiden la formación de un Gobierno no debería permitir que se vaya a iniciar el doble de lo que sería un mandato constitucional del Consejo -pues cada periodo dura cinco años- sin renovación. Incluso aunque no se logre formar un Gobierno, debería abordarse el desbloqueo del CGPJ».

En tres ocasiones se ha estado a punto: la primera, en noviembre de 2018, se frustró por la filtración a la prensa del mensaje de WhatsApp que envió el senador popular Ignacio Cosidó a sus compañeros de la Cámara Alta dando por hecho que con el acuerdo su partido seguiría controlando la Sala Segunda del Supremo «por detrás» al proponer al magistrado Manuel Marchena como presidente. Éste renunció a presidir el Supremo y el CGPJ tras conocerse dicho mensaje. Desde el Gobierno socialista se apuntó a una segunda intentona, durante la presidencia de Pablo Casado en el PP, en la que su entonces número dos, Teodoro García Egea, habría perfilado un acuerdo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que posteriormente Feijóo no dio por conocido ni aprobado por su formación. Ya durante su presidencia, las conversaciones entre el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, y Bolaños se frustraron cuando supieron que el partido de Sánchez eliminaría el delito de sedición en la reforma del Código Penal acordada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia (LAJ) protagonizaron una dura lucha contra el Gobierno -con huelga por parte de los últimos y anuncio de ella los primeros- para conseguir mejoras salariales. Los acuerdos alcanzados con la ministra Pilar Llop, que suponían un incremento de casi 500 euros mensuales, quedaron en el aire tras la celebración de las elecciones del 23 de julio.

La nómina de los LAJ no se modificó en julio, cuando se preveía que se hiciera, y la mesa de negociación de jueces y fiscales con el ministerio del ramo está prevista para septiembre, cuando continuará en funciones y sin capacidad de acordar modificaciones salariales, según trasladan las fuentes de las asociaciones consultadas