El Poder Judicial abre expediente al polifacético Vázquez Taín por participar en una sociedad mercantil

Según consta en ese expediente disciplinario, la denuncia fue registrada en el Consejo el pasado 10 de enero a raíz de un acuerdo del presidente del TSJ de Galicia. A la vista de la documentación aportada, el promotor de la Acción Disciplinaria incoó diligencia informativa instando al magistrado a que informara sobre el objeto de su actividad en el proyecto audiovisual, sobre su relación con la citada mercantil y sobre su participación en la licitación y contratación de un documental por cuenta de esa productora.

El juez, instructor del caso Asunta, y desde 2014 autor de siete libros y del guión de un documental asegura en su descargo que «las actividades artísticas no necesitan autorización», pero lo cierto es que el magistrado aparece identificado en esa mercantil expresamente como «productor cinematográfico». Él niega cualquier relación profesional con Amarola y dice que su relación se ha limitado «única y exclusivamente, a la cesión de guiones a cambio de precio". Según expuso ante el CGPJ, la administradora única es su mujer y él sólo participó como socio, lo que no entraña "asesoramiento jurídico ni impide ni menoscaba los deberes inherentes« a la condición de magistrado.

El problema es que según el informe del Servicio de Personal Judicial, aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ, Vázquez Taín no tiene compatibilidad concedida para el desempeño de esa actividad y su participación en la sociedad Amarola Producciones SL, tampoco es susceptible de ser compatibilizada.

«Hay indicios de que la finalidad de la mercantil no es la de la mera conservación o gestión del patrimonio familiar en el sentido entendido por el Tribunal Supremo, ni su objeto está limitado en modo alguno a la gestión de la producción artística generada por el magistrado. Por el contrario, lo actuado apunta a que su constitución y funcionamiento obedece al desempeño de una auténtica actividad mercantil en los términos que define su propio objeto social", se señala en el expediente.

Y ello porque el magistrado ostenta el 50% de sus participaciones y ha llegado a actuar como mandatario ante la Administración, a la hora de gestionar los trámites pertinentes y previos a la firma de algunos contratos.

Recuerda la letrada de actuaciones previas y expedientes disciplinarios que el régimen de incompatibilidades para la carrera judicial «obedece a la finalidad sustancial de preservar su independencia, evitando el peligro de que sus miembros puedan llegar a implicarse en actividades que generen intereses o apariencia de los mismos que ofrezcan a los ciudadanos la impresión de que aquella aparece comprometida o empañada".