Podemos acusa a García Castellón de investigar «con el único objetivo de perjudicar» al partido

El escrito se ha registrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y según explicaba este lunes en rueda de prensa el portavoz de la formación, Pablo Fernández, busca depurar responsabilidades ante lo que califican de caso «paradigmático» y «palmario» de 'lawfare' o guerra sucia judicial con el «único objeto» de «perjudicar reputacionalmente» a Podemos. Les señala por prevaricación, revelación de secretos y en su caso, omisión del deber de perseguir delitos.

Se refiere a las diligencias que tramitó el Central 6 a partir de la declaración que prestó a su detención el general chavista Hugo Carvajal. Llevaba en fuga dos años para esquivar una orden de extradición a Estados Unidos y cuando fue interceptado y enviado a prisión, dijo que tenía información de relevancia sobre la financiación de Podemos y fue escuchado. Su pretensión era quedarse a cambio en España, si bien no lo consiguió.

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Con su declaración se reabrieron unas diligencias de 2016 que estaban archivadas en el juzgado, lo que ya cuestiona Podemos en su querella porque entiende que aquellas no tenían nada que ver. En aquel momento sobre la mesa estaba el apócrifo informe Pisa, denostado por ser poco más que una colección de recortes; y ahora se trataba de copias de órdenes de pago de Venezuela a la fundación Ceps -germen de Podemos- y a tres personas vinculadas al origen del partido, Carolina Bescansa entre ellas, para organizar el expositor de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) en una feria en Moscú.

Esa causa estuvo bajo secreto desde su reapertura en octubre de 2021 y hasta que la Sala de lo Penal ordenó archivar en julio de 2022, por lo que los investigados no pudieron entrar en el procedimiento para conocer las actuaciones o recurrir decisiones. Entre ellas, como tomar declaración a dos testigos protegidos que situaron al cofundador Juan Carlos Monedero recogiendo una maleta con efectivo en un hotel en Caracas.

La querella, a la que tuvo acceso ABC, pone un hito procesal en el centro: el auto de la Sala de lo Penal que en marzo de 2022 y tras un recurso de la Fiscalía, corrigió a García Castellón y le reprochó que «las aportaciones del Sr. Carvajal no tienen como fuente sus propias percepciones, sino las narraciones de terceras personas» y los documentos aportados «no son concluyentes», como tampoco la narración de los testigos, que hacía referencia a hechos previos a 2015, cuando el delito de financiación irregular de partidos políticos aún «no existía» en España.

En mayo el juzgado acordó nuevas diligencias que, entre otras, oficiaban a la Agencia Tributaria para que aportase «toda la información obrante en sus bases de datos desde el año 2011» sobre una serie de personas, fecha previa tanto a la tipificación del delito de financiación irregular como a la conformación de Podemos. El partido subraya en la querella que para ese momento, «ambos Magistrados ya eran plenamente conocedores» de que la Sala había vetado por prospectiva cualquier indagación previa a 2015.

«Nos encontramos con que los querellados, con el único objeto de perjudicar a Podemos, sus dirigentes, y a las personas que lo fundaron, inician una investigación completamente al margen de las normas que regulan la competencia judicial, y por supuestos hechos introducidos por un prófugo de la justicia que pretende evitar su extradición, y que los querellados asumen acríticamente que, o bien no eran constitutivas de delito que se decía cometido, o bien estaban exclusivamente basados en testificales de referencia», dice la querella dirigida al Supremo.

Califica la causa de «trampantojo jurídico» e incide en que se mantuvo «durante casi un año en el que los magistrados querellados realizarán una investigación completamente prospectiva» acompañada, conforme denuncian, de una «continua filtración de cada uno de los hitos de la investigación» a los medios.

Sobre este asunto, señalan a García Castellón y Gadea por revelación de secretos o, subsidiariamente, por omisión del deber de perseguir delitos ya que Podemos considera que en todo caso, debieron investigar el origen de las filtraciones, sobre todo cuando la causa estaba declarada secreta.