PP, Vox, Junts y PNV escenifican su mayoría al derogar el gravamen a las energéticas

Esa no ha sido la única enmienda que han introducido en el proyecto de ley para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales, que ha quedado aprobado definitivamente, pero sí la más destacada. Y lo es porque además de visibilizar que es posible aunar una mayoría alternativa a la de Pedro Sánchez, al menos para cuestiones de índole económica, también le genera un rompecabezas al Gobierno de imposible resolución. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido en el último mes hasta en tres ocasiones con sus aliados de izquierdas a prorrogar el gravamen a las empresas energéticas antes de que termine el año.

Al ver luz verde este jueves la enmienda que deroga el gravamen a las energéticas –aprobado en su día con carácter temporal por las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania–, el Gobierno no podrá prorrogarlo y tendrá que sacar adelante un nuevo real decreto ley. El Consejo de Ministros, en principio, lo aprobará el lunes, pero el texto que de él nazca está condenado a morir cuando el Ejecutivo lo lleve a convalidación en la Cámara Baja en enero. El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ya ha advertido que su grupo ni siquiera se sentará a negociar con Podemos.

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El malestar en el PNV con la formación de Ione Belarra es total, más después de que este jueves la dirigente izquierdista haya acusado desde la tribuna de oradores al portavoz nacionalista de trabajar por los intereses de Repsol. En la ley para establecer un tipo mínimo del quince por ciento a las multinacionales y las grandes corporaciones, algo que viene marcado por una directiva europea, el Gobierno ha introducido vía enmiendas un paquete fiscal para compensar su dificultad de sacar adelante los presupuestos generales del Estado, aún varados en Hacienda.

Todo se complicó cuando el PSOE pactó con Junts y PNV prorrogar el gravamen a la banca durante tres ejercicios, pero, en cambio, dejar caer el de las energéticas. ERC, Bildu, Podemos y BNG se rebelaron y amenazaron con tumbar el proyecto de ley si no se convertían ambos en impuestos «permanentes». El Gobierno le prometió primero a ERC, Bildu y BNG la prórroga de la medida sobre las eléctricas en 2025 y después a Podemos, además de eso, plantear una proposición de ley antes de que finalice el año para establecer un tributo fijo –ni está ni se la espera– y crear una mesa de negociación con todos sus socios.

Junts y PNV se negaron a sentarse y este miércoles se celebró una segunda cita, ya sin Podemos en la mesa porque asume que no servirá de nada sin la derecha independentista y nacionalista, y en la que Hacienda volvió a prometer la prórroga del gravamen.

Cualquier esperanza se ha desvanecido este jueves en los pasillos del Congreso, antes de la votación, cuando Esteban ha dado un portazo definitivo a la tasa a las energéticas. «Por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás un día sí y otro también, las cosas no van a cambiar», ha dicho, e incluso ha criticado a la exministra por ser «imprudente» y poner en juego la frágil mayoría parlamentaria del Gobierno. Algo que solo entiende, ha añadido, si Podemos busca elecciones anticipadas para resolver «su duelo particular» con Sumar.

«En realidad estamos hablando de quién manda aquí, si Repsol o los intereses de la gente», ha insistido Belarra en el escritorio del Congreso, una vez aprobada la ley y derogado el gravamen energético. Esa medida, ha subrayado, debería mantenerla un Ejecutivo «que se autodenomina progresista». El asunto ha enfadado también a ERC y Bildu, que se sienten agraviados frente a sus competidores directos. «Era algo que teníamos en mente, sabíamos que podía pasar», ha afirmado el aberzale Oskar Matute, quien ve todavía vivo el pacto con Hacienda.

El PP ha logrado también el sí de Junts a la exención fiscal de las donaciones para los afectados de la dana del 29 de octubre y la rebaja del IVA al cuatro por ciento a los lácteos fermentados. El Gobierno solo ha secundado un cambio de los neoconvergentes para bonificar la seguridad social en contratos de entrenadores 'amateurs'. Según el popular Juan Bravo, se pagarán 6,5 millones de euros menos en impuestos.