Vox pide al Tribunal Constitucional que no se deje influir por la «coacción» del Gobierno

El PP y Vox han recurrido en amparo al TC por la reforma del Código Penal con la que el Ejecutivo pretende derogar el delito de sedición y rebajar las penas contempladas en el de malversación. Estos dos partidos y Ciudadanos (Cs) trataron de parar ya su tramitación exprés en el Congreso, pero ahora, con la norma aprobada en la Cámara Baja el jueves ya en el Senado, su futuro inmediato está en manos del Constitucional.

El órgano de garantías debe pronunciarse sobre dos enmiendas parciales a través de las cuales PSOE y Unidas Podemos quieren modificar dos leyes orgánicas como son la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional. La oposición denunció la semana pasada el rodillo del Gobierno porque, en vez de registrar un proyecto de ley que recabe los informes de los órganos competentes, ha aprovechado la ya controvertida reforma del Código Penal para cambiar por la puerta de atrás dos normas que desarrollan la Constitución sin posibilidad de un debate sereno en el Parlamento.

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Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso ya advirtieron de la «antijuridicidad» de esas y otras enmiendas, pero PSOE y Unidas Podemos hicieron valer su mayoría para aprobar la reforma legal en el Congreso. Desde Unidas Podemos, de hecho, incluso dicen ya que el Senado debe ignorar al TC si trata de suspender la tramitación de la norma en amparo de los derechos de sus señorías.

Vox, este lunes, ha reaccionado con virulencia. No hay novedad sobre la moción de censura que promueve Abascal, quien continúa buscando un candidato neutral para encabezarla, pero sí una crítica firme a las intenciones del Gobierno. Tras la reunión semanal del Comité de Acción Política de la formación derechista, su vicepresidente Jorge Buxadé ha tildado de «amenaza directa a la democracia» la posición manifestada desde PSOE y Unidas Podemos.

Buxadé ha arremetido, por ejemplo, contra un tuit de la exvicepresidenta Carmen Calvo, quien afirmó que todos los poderes del Estado están «por debajo de la soberanía del pueblo español». «Cuarenta años después de la victoria del PSOE en el 82 tenemos que explicar hoy qué es un Estado democrático de derecho», ha lamentado, y ha anticipado que su partido interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley si finalmente es aprobada.

Si bien Buxadé ha pedido al Constitucional que no ceda a la presión de los partidos del Ejecutivo y que piense que «está garantizando la democracia y el Estado de derecho amenazado», fuentes de Vox han subrayado que acatarán lo que decida el órgano de garantías este lunes, sea en un sentido u otro. Algo a lo que creen que el Gobierno no está dispuesto.

«Un Estado de derecho exige, en primer lugar, el imperio de la ley. Las mayorías parlamentarias no pueden en ningún caso imponer la mera votación para someter a las minorías. Las mayorías están sujetas a la ley, a los procedimientos y a las garantías. Si no se hace, estamos en el Estado soviético», ha insistido Buxadé, y ha remarcado que los 52 diputados de Vox han visto vulnerados sus derechos —y por ende los votantes a los que representan— durante la tramitación de la ley.

El eurodiputado ha recordado además que existe el precedente de un pleno suspendido por el Constitucional para evitar una votación ilegal. Sucedió el 5 de octubre del año 2017, cuando impidió la celebración del pleno del Parlamento catalán que iba a votar la independencia de Cataluña.

«Supongo que Podemos irá a la Unión Europea y sacará los vídeos de sus eurodiputados pidiendo la expulsión de Polonia y Hungría. Ahora ellos cambian la Constitución por la puerta de atrás con dos enmiendas a una proposición de ley. Es de coña», ha rematado Buxadé, en respuesta al movimiento de Unidas Podemos para intentar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea quien se pronuncie sobre la recusación de dos magistrados del Constitucional, pedida por los partidos del Gobierno.