El juez que investiga a Begoña Gómez imputa a la secretaria general de Presidencia por malversación de caudales

En su auto, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado Juan Carlos Peinado, indica que para trasladar a esta alto cargo de Moncloa la concreta acusación contra ella y con el objetivo de tomarle declaración en calidad de investigada, la cita para el próximo 12 de noviembre a las 09.30 horas.

Junto a esta nueva declaración, el magistrado acuerda una batería de declaraciones testificales y de nuevas diligencias, entre las que se encuentra una de las peticiones de la defensa de Gómez: Oficiar a Moncloa para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del Presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge.

Con este extenso auto, el juez reordena la causa después de que la Audiencia Provincial decidiera que la pieza separada de la malversación debía unirse a la principal, y da el detalle de los investigados y los delitos que imputa a cada uno: Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo laboral y malversación; el empresario Juan Carlos Barrabés por los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida; la asistente de La Moncloa Cristina Álvarez por los de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; Francisco Martín -actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid- por el delito de malversación de caudales públicos; y Judit Alexandra González por malversación.

Por otro lado, el juez insiste en llevar los cinco delitos de forma conjunta ante un jurado popular apoyándose en el origen de los hechos delictivos: «las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada María Begoña Gómez derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno». Para Peinado esa es la causa que considera «fundamental» para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y como consecuencia de ello, los posible restantes delitos.

«Pues sin ese vínculo, con el actual presidente del Gobierno difícilmente podría ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas indiciariamente como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos«, explica.

Por eso, entiende que es necesario enjuiciar todos ellos en conjunto dado que son delitos conexos y puesto que un juicio por separado de cada delito «llevaría a la ruptura de la conciencia de la causa».

Sobre la nueva imputación de Judit Alexandra González, Peinado sostiene que «cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público» -Cristina Álvarez en este caso- no evite una utilización de ese recurso humano para fines privados «puede cometer pudiendo evitarlo y no haciéndolo malversación».

Entiende que los encargados de controlar las labores de Álvarez, en este caso los secretarios generales de Presidencia, pueden incurrir en el delito de malversación «en la modalidad de comisión por omisión» dado que tienen la función de «garantes» y porque pueden impartir las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona «se abstenga de continuar con esas laboras de carácter privado».