El caso Pegasus: una exposición pública que perturbó el trabajo del servicio de Inteligencia
El protagonismo mediático del CNI generó algunos problemas en las relaciones con otros centros aliados
La exdirectora del CNI no podrá aportar al juez ningún detalle del caso Pegasus
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una comparencia en La Moncloa
Todas las fuentes consultadas por ABC coinciden en lo peliagudo que es revelar los procedimientos operativos del CNI y trasladar sus actuaciones al debate público, porque eso afecta de forma directa a su eficacia y a la confianza que deben tener en él los ... servicios de Inteligencia aliados. De hecho, la exposición del Centro a la polémica mediática, como sucedió en 2022 durante semanas, generó algunos problemas en las relaciones con ellos.
En este sentido, todo lo que rodeó el caso Pegasus, incluida la insólita rueda de prensa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para anunciar públicamente que el presidente del Gobierno y varios miembros del Ejecutivo habían sido espiados con el programa Pegasus –era el reconocimiento público de una vulnerabilidad en un asunto tan sensible como la seguridad de las comunicaciones del Ejecutivo–, afectó a la actividad de los servicios de Inteligencia. Era insólito que el propio Ejecutivo del que depende el Centro revelara un fallo de seguridad de esa magnitud en un asunto tan sensible como es el del secreto de las comunicaciones de sus miembros.
Incluso, el Gobierno llevó el caso a la Audiencia Nacional, que acabó archivando la causa ante la imposibilidad de avanzar en la investigación judicial sobre la autoría de ese espionaje a Sánchez y sus ministros.
La situación se complicó aún más con la decisión del presidente del Gobierno de entregar la cabeza de Paz Esteban a ERC para garantizarse el apoyo de los independentistas catalanes el resto de la legislatura. Aquella decisión levantó ampollas en el CNI y en distintos sectores de la seguridad del Estado que vieron cómo se ponía a los servicios de Inteligencia a los pies de los caballos por una estrategia política.
Ahora, la citación como investigada de la exdirectora del CNI por parte de un juez de Barcelona vuelve a poner de actualidad un asunto en el que el único interés del independentismo es sacar rédito político y que tiene, además, un reducido recorrido judicial, salvo que el Ejecutivo comience a tomar decisiones de mucho riesgo.
La incógnita es saber qué hará el Gobierno que se forme con las peticiones del juez de Barcelona que va a tomar declaración a Paz Esteban. En realidad, esa falta de certidumbre es el problema, porque genera inseguridad. Máxime cuando el PSOE acordó en agosto con Junts la apertura de una comisión de investigación en el Congreso para investigar, entre otras cuestiones, el caso Pegasus. Fue parte del precio que pagaron los socialistas para que Armengol presidiera la Cámara.
Desclasificar los documentos del caso Pegasus, o reabrir de nuevo la investigación sobre los ataques terroristas de Cataluña en 2017 y el papel del centro nacional de Inteligencia, tal como acordó el Grupo Socialista con los independentistas catalanes al comienzo de la legislatura, puede provocar de nuevo tensiones que nunca benefician a unos servicios de Inteligencia cuyo máximo interés es estar alejado del debate público.