Pegasus encalla en el juzgado por falta de respuesta de Israel a la Audiencia Nacional

El instructor, José Luis Calama, envió poco después de iniciar las pesquisas una comisión rogatoria a Tel Aviv que pedía interrogar al CEO de la empresa titular del 'software', NSO Group, los únicos que podrían saber a ciencia cierta de dónde procedió el ataque y en qué lugar acabaron los datos sustraídos en los teléfonos móviles tanto de Sánchez como de sus ministros.

Sin embargo, y pese a haber cursado recordatorios, el juez no ha obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades israelíes. De no producirse, la causa podría quedar abocada a un sobreseimiento provisional por falta de autor conocido, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC.

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De momento, se han practicado todas las diligencias que se podían tramitar: recabar declaración a los perjudicados, escuchar a testigos como la directora del CNI en el momento de los hechos, Paz Esteban, y analizar el modo en que funcionan los sistemas de seguridad en la Moncloa. Pero la autoría sigue siendo una incógnita.

Una vez instalado en el dispositivo, lo que se suele conseguir con un enlace infectado, Pegasus extrae información y la envía a un servidor desde el que salta a otro y así sucesivamente, como si se tratase de una cadena de espejos, hasta su destino. Es irrastreable. Sólo NSO tiene la tecnología que permite trazar el recorrido de los datos, amén del nombre del comprador.

En paralelo, en Cataluña sigue la investigación sobre las infecciones que según un estudio del colectivo Citizen Lab -puesto en duda hace unos días en el Parlamento Europeo por otro trabajo de José Javier Olivas Osuna- padecieron políticos, abogados y activistas de la órbita del independentismo.

La Audiencia Nacional rechazó incorporar este supuesto espionaje en lo que afecta al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero en un juzgado de Barcelona sigue viva la querella que presentaron la europarlamentaria de ERC Diana Riba y el diputado autonómico de este partido Josep Maria Jové, que está en un proceso paralelo acusado por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. La actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, tendrá que testificar.

Precisamente, Jové es uno de los diputados catalanes a los que ayer escuchó la delegación de la comisión de Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus. Nueve eurodiputados de distintos países -entre ellos, de España-, encabezados por el presidente de la comisión de investigación, Jeroen Lenaers (PPE, Países Bajos) participan, este lunes y hoy, en la visita, que tiene lugar tras las efectuadas a Israel, Polonia, Grecia, Chipre y Hungría.

Lenaers, poco antes de llegar a España, señaló que la visita tiene como objetivo «entender mejor los controles y equilibrios vigentes en este país para prevenir cualquier utilización ilegal de los programas espía». En este sentido cabe destacar que la máxima autoridad del Gobierno que atendió a los miembros de la misión fue el secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, que durante su comparecencia, según fuentes consultadas de los eurodiputados, puso en entredicho la actuación del CNI, en relación a los independentistas, y no aportó ninguna novedad sobre el espionaje a miembros del Ejecutivo.

Hoy será el turno para Aragonès, que se presentará como «víctima» del supuesto espionaje. Desde Chile, el presidente de la Generalitat, que cerró ayer una visita por varios países de Sudamérica, adelantó que dirá a los eurodiputados de la misión que fue espiado por «razones políticas» con Pegasus en momentos clave de la política española.

También comparecerán Ernest Maragall, candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, y Meritxell Serret, responsable de exterior de la Generalitat, también de ERC. Que los tres sean de ERC fue criticado por Josep Rius (Junts), quien dio a entender que los de Aragonès trabajaron para que hoy el foco mediático se lo llevara este partido, únicamente.

El presidente autonómico criticó que los responsables del supuesto espionaje a los independentistas «no se quieran explicar» ante la misión, por parte del Gobierno, al dejar la representación en un perfil bajo y sin ministros ni la directora del CNI. «No entiendo qué tienen que esconder si todo se ha hecho bien», ironizó Aragonès.

Por su parte, el eurodiputado Jorge Buxadé (Vox), que forma parte de la misión investigadora, abandonó la reunión al considerar que se había convertido en «un auténtico circo». Así lo dijo, al poco de salir del encuentro y tras escuchar a Marta Vilalta (ERC), Rius y, entre otros, Montserrat Vinyets (CUP), miembros de la comisión del Parlamento de Cataluña.

Buxadé calificó de «absoluta vergüenza» la reunión por «traer aquí a escuchar» a políticos que defienden «esas falsas denuncias sobre pinchazos telefónicos a separatistas». Lo que se sabe, dijo, es que se está ante un informe de Citizen Lab «que no ha sido acreditado», «opaco» y sin saber cómo, dónde y cuándo «lo ha hecho».