Vía libre del Poder Judicial para que el juez Pedraz viaje a Irak

Pedraz pueda desplazarse hasta su territorio e investigar "in situ" el crimen. Desde la Comisión de Relaciones Internacionales se recordaba que el cauce legal pasaría por el envío de una comisión rogatoria a la autoridades judiciales iraquíes y, en caso de que esta fuera aceptada, el juez español podría obtener el permiso para viajar unos días determinados del próximo mes de octubre. Sin embargo, el Consejo entiende que esta solicitud de cooperación judicial internacional no es necesaria para autorizar su desplazamiento. En concreto, el acuerdo -en el que han coincidido el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar y Antonio Dorado- señala que, vista la solicitud de Pedraz para desplazarse a Bagdad con el fin de practicar "las diligencias acordadas" el pasado 29 de julio, se ha decidido "autorizar dicho desplazamiento, siempre que en su desarrollo concurran los requisitos legales de carácter general", tal y como establece el artículo 77. 1 del Reglamento de Aspectos Accesorios de las actuaciones judiciales. Este artículo señala que para la práctica de diligencias que impliquen un desplazamiento al extranjero, los jueces deben tener la autorización de la Comisión Permanente del CGPJ.

Fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces precisaron que esta autorización no exime el respeto de los "requisitos legales de carácter general" que el juez de la Audiencia Nacional deberá tener en cuenta a la hora de valorar si "legalmente" está obligado a solicitar algún tipo de auxilio judicial por parte de las autoridades iraquíes. En contra de este permiso se ha pronunciado la vocal Almudena Lastra, quien en su voto particular argumenta que "no procede hacer pronunciamiento sobre el fondo de la petición", ya que el magistrado no ha presentado toda la documentación que exige el artículo 77 del citado Reglamento y "a la vista del contenido del informe" del Servicio de Relaciones Internacionales del Propio Consejo. Entre otras cosas, el citado artículo establece que la solicitud de desplazamiento al extranjero de un juez debe ir acompañada de información sobre el "órgano judicial o autoridadd del expresado país a quien corresponda llevar a cabo la diligencia de que se trate". También considera que debe incorporarse un informe en el que, con observancia de las limitaciones derivadas de la reserva propia de las actuaciones judiciales, se expongan las razones que justifiquen el desplazamiento personal de los funcionarios judiciales españoles, así como la composición del equipo que haya de desplazarse.

En su auto del pasado julio, Pedraz recordaba que ya en su día libró comisión rogatoria a Irak para que se autorizara desplazamiento de la comisión judicial de la Audiencia Nacional al lugar de los hechos, a fin de efectuar el oportuno reconocimiento judicial y, "en la medida de lo posible", una reconstrucción de los hechos No obstante, como "no se obtuvo respuesta" en la primera solicitud, el juez ha acordado realizar una "inspección ocular de los lugares de los hechos", para lo que no ve necesario cursar una comisión rogatoria, ya que "no se precisa cooperación judicial" de Irak ni "asistencia alguna de autoridades o funcionarios de dicho país". "Se trata de una mera inspección ocular -explicaba-, para lo cual basta que la comisión judicial se desplace a Bagdad para in situ ver los lugares de los hechos y así el puente Jamuroahora, el hotel Palestina y las sedes de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi, documentándolo mediante vídeo con zoom oportuno". En concreto, el juez estableció que la comisión judicial estaría integrada por el instructor, el secretario judicial y un funcionario del juzgado, el Ministerio Fiscal y las partes si lo estiman oportuno y, "sólo en caso de que a ello se presten voluntariamente", los periodistas testigos de los hechos Olga Rodríguez Francisco, Jon Sistiaga Escudero y Jesús Manuel Hernández Quiñonero , que podrían indicar a la comisión los lugares exactos de los hechos. Con el objetivo de poder realizar este desplazamiento, que se realizaría entre los meses de octubre y noviembre de este año, el magistrado solicitó al máximo órgano de gobierno de los jueces que le concediera la oportuna comisión de servicios. En el mismo auto,

Pedraz también ordenó la busca y captura de los tres militares estadounidenses presuntamente responsables de la muerte del cámara gallego -el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson- con el objetivo de que puedan ser extraditados a nuestro país. Esta resolución de

Pedraz fue consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de reabrir el caso por segunda vez, después de que fuera archivado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que revocó el procesamiento de los tres militares.