El Parlamento Europeo colaborará si hay caso en España contra Alvise

Y sin embargo, hay muchas posibilidades de que se convierta en uno de los diputados más conocidos, cuando empiecen a difundirse aquí las prácticas que ha utilizado en España para obtener el escaño y que incluirían algunas gestiones que contradicen la legislación sobre financiación electoral en España y los códigos de conducta del propio Parlamento Europeo. Por ahora, fuentes de la institución se limitan a reconocer que están «al corriente» de las informaciones que rodean a Alvise Pérez, pero también insisten en que están obligados a esperar a que se pronuncie alguna autoridad judicial española sobre el caso.

Desde el propio Parlamento insisten en que habitualmente la institución «no hace comentarios sobre casos individuales ni sobre posibles causas judiciales» que no se han sustanciado. Pero al mismo tiempo también recuerdan que «en caso de que se le solicite, el Parlamento Europeo coopera plenamente con las autoridades policiales y judiciales de los países miembros para contribuir a la justicia y seguirá haciéndolo».

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Pablo Amigo

El primer paso lo podrían dar los servicios jurídicos de Vox, si como han anunciado presentan una querella contra el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), después de que éste insinuara que el presidente de Vox, Santiago Abascal, también habría recibido «sobres en efectivo» de Madeira Invest Club (Cryptospain), la empresa de criptomonedas de la que ahora se ha descubierto que él mismo recibió 100.000 euros en metálico «como autónomo» y «sin factura». Alvise asumió el miércoles la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque y en su confesión por vídeo, que en Vox tildaron de «delirante», emprendió una huida hacia adelante cargando contra Hacienda, a la que tachó de «mafia», y un Estado que, en su opinión, saquea a los empresarios. Momentos después, arremetió contra Abascal, como hizo horas antes en Telegram, y le preguntó si «puede negar» haber recibido «sobres con efectivo del estafador Cryptospain cuando entró en 'Sentinel' el 16 de julio a las 17.20 de la tarde».

La Eurocámara vivió en la pasada legislatura un caso grave con ciertas similitudes en el que se descubrió que varios diputados socialistas habían recibido dinero por parte de Qatar y de Marruecos para que favoreciesen sus intereses en el trabajo parlamentario. Pero el asunto fue descubierto por las autoridades belgas, que llegaron a detener a la ex vicepresidenta de la cámara Eva Kaili 'in fraganti' con una maleta llena de dinero en efectivo, es decir, sin necesidad de pedir un suplicatorio para levantar su inmunidad parlamentaria.

En el caso de Alvise, si finalmente se inicia un proceso judicial contra Pérez deberían solicitar el levantamiento de de la inmunidad del diputado, que empieza por un debate en la comisión de asuntos jurídicos. El último caso en el que un eurodiputado español ha visto retirada esta prerrogativa fue Carles Puigdemont.

El comportamiento de Luis Pérez en el caso de sus vinculaciones demostradas con Cryptospain entraría plenamente en lo que figura en las reglas de conducta de los eurodiputados y según la cual estos se comprometen «a no establecer acuerdo alguno para actuar ni votar en interés de una persona física o jurídica que pueda comprometer su libertad de voto». Por si hubiera alguna duda, también se establece que los miembros de la Eurocámara «no solicitarán, aceptarán o recibirán beneficio alguno, directo o indirecto, incluso en efectivo o en especie, ni cualquier otra recompensa, a cambio de adoptar un determinado comportamiento».

Aunque es evidente que Alvise Pérez ha incumplido estas reglas, lo ha hecho antes de ser eurodiputado, lo que según fuentes jurídicas del propio Parlamento Europeo no permitiría que fuera la propia Cámara la que tomase la iniciativa. Sin embargo, en el caso de que se iniciase un procedimiento judicial, la cuestión sería claramente tenida en cuenta a la hora de debatir el levantamiento de su inmuidad, que ha de ser aprobado por el pleno tras un procedimiento muy tasado y que incluye debates en la Comisión de Asuntos Jurídicos y un mecanismo para que el interesado pueda defenderse.

El último eurodiputado español que ha visto retirada esta prerrogativa es Carles Puigdemont.