La pareja de Ayuso espera que el Supremo recabe los emails de la cuenta personal del fiscal general del Estado

El escrito, al que tuvo acceso ABC, solicitaba a la Sala que asumiera el procedimiento que se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se nombrase instructor para encomendarle la práctica de diligencias. Superado este trámite, con la designación del magistrado Ángel Hurtado y la causa abierta, instaba a la adopción de esta medida que pasa por requerir a Google «todos los correos electrónicos recibidos y enviados» que contengan mención a Alberto González y una posible «conformidad penal», pero también todos aquellos recibidos o enviados de las direcciones que maneja la también investigada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Asimismo, persigue que la compañía ofrezca el detalle sobre «el posible borrado de correos electrónicos enviados o recibidos de las mencionadas cuentas desde el 5 de marzo de 2024» y hasta la fecha en que se eleve el requerimiento, efectuando si es posible «su recuperación». Lo que solicita es todo el correo conservado desde esa fecha que tenga en su campo de enviados y recibidos a la Fiscalía Provincial.

Pero no sólo quiere que se requiera a Google. El empresario insta al Supremo a requerir también a Madrid Digital, el ente público que administra los correos «madrid.org» y así, las cuentas asociadas a la Fiscalía de la región, copia de cuantos mensajes fueran recibidos o enviados a la cuenta personal de García Ortiz desde las direcciones genérica y personal que maneja Pilar Rodríguez en las mismas fechas, con iguales indagaciones sobre posibles borrados.

La petición es consecuencia del relato de los hechos que hicieron la fiscal jefa y los distintos testigos durante la fase de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en concreto, con el hecho de que Rodríguez habría enviado a García Ortiz el expediente relativo a la denuncia contra González Amador y los correos que el abogado de este habría intercambiado con el fiscal que llevaba el caso a una cuenta de correo personal (una dirección gmail) del fiscal general del Estado.

Ese envío se produjo a requerimiento del propio Álvaro Ortiz, que ante la publicación de una información incorrecta según la cual, la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para que eludiese responsabilidad penal por los dos delitos fiscales que señalaba la Agencia Tributaria -en realidad era una petición d la defensa-, solicitó en la noche del 13 de marzo a Rodríguez que le reenviase toda la documentación, incluyendo las comunicaciones entre el abogado del empresario y el fiscal del caso, Julián Salto.

«Recibidos los tres bloques de emails por Dña. María Pilar Rodríguez, la misma habría procedido inmediatamente, en sus palabras y las de D. Álvaro García Ortiz, a reenviarle a él esos emails que le había enviado D. Julián Salto. Pero, en lugar de hacerlo enviando dichos emails a la cuenta de correo electrónico de la Fiscalía General del Estado, y necesariamente por las indicaciones de D. Álvaro García Ortis, Dña. María Pilar Rodríguez se los envió a una cuenta de correo electrónico ajena a la Fiscalía, la cuenta de Google/Gmail privada de D. Álvaro García Ortiz», argumenta el escrito.

Subraya la defensa de González Amador que «hora y media después de que Dña. María Pilar Rodríguez recibiera de D. Julián Salto y reenviara al Fiscal General del Estado el bloque de emails» que contenía el ya célebre mensaje donde el abogado del empresario manifestaba a Salto que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», ese correo era publicado en la Cadena Ser. Consta no obstante que antes de llegar a este punto, parte del correo estaba publicado sustanciando esa primera información incorrecta que señalaba que la propuesta de pacto nacía del fiscal del caso.

Esta es, en todo caso, la clave del asunto, porque el Tribunal Supremo al abrir causa contra García Ortiz y Rodríguez ya descartó que en la nota de prensa que la Fiscalía difundió a la mañana siguiente se hubiese producido una revelación de secretos en tanto que todo cuanto recogía, estaba en la prensa desde la noche anterior. Lo que indaga el magistrado instructor es ese paso previo, el cómo había llegado la víspera a la prensa la cadena de correos entre Salto y el abogado de González Amador.