La pareja de Ayuso demanda a María Jesús Montero en el Supremo y le reclama 40.000 euros

Señala a la ministra de Hacienda por lesión de su derecho al honor

La conciliación con la ministra de Vivienda, también señalada, se zanjó sin acuerdo

El novio de Ayuso demanda a Sánchez y Bolaños por llamarle «delincuente confeso»

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador EP

El paso anunciado por la defensa del empresario Alberto González Amador ante el plantón que les dio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando la convocaron a una conciliación para dirimir una lesión del derecho al honor que habría producido con sus ... declaraciones públicas sobre él, ya se ha materializado: ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo en la que le reclama 40.000 euros.

Este podría ser también el recorrido que siga la reclamación similar planteada contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. En su caso, sí envió a una procuradora al acto de conciliación por derecho al honor al que estaba citada el pasado 5 de noviembre, pero no hubo acuerdo. Si la defensa del empresario mantiene la estrategia jurídica anunciada al inicio de esta ofensiva en defensa de su imagen, también acabará demandada en la Sala de lo Civil del Supremo.

Según adelantó El Confidencial y confirmó ABC en fuentes jurídicas, la demanda en el caso de Montero lo es por las declaraciones públicas en las que se refería a González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, como «delincuente confeso» y de ella predicaba que podía estar viviendo en un piso «que se pagó con un fraude»

Ese era el eje del inicio de la reclamación en un juzgado Contencioso de Madrid y ahora, ante el Supremo, se amplia con otros comentarios en la misma línea pero realizados los días 3, 23 y 24 de octubre por la ministra en declaraciones a los medios.

El empresario le reclama 40.000 euros y el reconocimiento público en rueda de prensa de que incurrió en una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Con esta premisa se convocó en primera instancia un acto de conciliacion al que la ministra no envió a su abogado. De ahi la demanda en la Sala Civil del Supremo, el paso siguiente, y ahora, pendiente de admisión.

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