El papel de Teresa Ribera debilita su puesto en Bruselas

Ahora, con el apagón generalizado en toda la península, también se trata de un campo en el que Ribera fue competente como miembro del Gobierno y en parte lo es también ahora como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, virtualmente la numero dos. En ambos casos, Ribera ha preferido mantenerse en un segundo plano y se ha abstenido de entrar en una polémica que podría tener consecuencias imprevisibles para ella. La exigencia -no conseguida- del PP español para que se comprometiese a dimitir si resultaba implicada en el proceso de los efectos de la dana parece seguir pesando de alguna manera.

Su posición se podría complicar aún más si de la investigación sobre el apagón resultase que la causa hubiera sido la política energética que llevó a cabo como vicepresidenta del Gobierno español. En Bruselas ya ha sido notorio su cambio de posición radical sobre la energía nuclear, asunto en el que ha pasado de ser ferviente abolicionista en España a aceptar las centrales atómicas como parte de las fuentes de energía útiles para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

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Durante su gestión como responsable de la lucha contra el cambio climático desde el Gobierno, Ribera ha trabajado claramente por facilitar el despliegue de parques de renovables en toda España, incluso a veces sabiendo que los promotores de estas instalaciones eólicas o fotovoltaicas estaban rozando la legalidad en el mejor de los casos. Y también ha sido la responsable de la legislación fiscal que ha terminado por asfixiar a los operadores de las centrales nucleares, de modo que ya carecen de rentabilidad.

Por ahora, Ribera solo ha hecho una manifestación pública en los pasillos del Parlamento el mismo lunes, poco después del apagón, en la que sostuvo que entonces no había «nada que nos permita afirmar que ha sido un sabotaje o un ciberataque». «Obviamente, la prioridad es ahora la recuperación de la red», añadió.

La cuestión más acuciante ahora será el resultado de la investigación independiente que ha de llevarse a cabo en los próximos tres meses y en la que participarán los gestores de la red de Portugal, España y Francia como países directamente implicados, más los de los demás países que consideren relevante su participación. En esta parte del proceso, ni el Gobierno ni la Comisión Europea tienen un papel directo en su desarrollo.

Sin embargo, por ahora, la Comisión sostiene que el problema de lo sucedido en España no está en la política de transición energética que se ha promovido desde Bruselas, el llamado Pacto Verde, es decir, que la responsabilidad no sería de un exceso de renovables. De ello se deduce que a Bruselas le interesa de algún modo que el resultado de la investigación señale antes a la gestión del Gobierno español, es decir a la de Teresa Ribera hasta hace medio año, que a la política medioambiental que representa la Comisión y su presidenta.

En todo caso, cabe recordar que los miembros de la Comisión Europea no pueden ser cesados individualmente ni por el Gobierno que los designó ni por el Parlamento Europeo ni por Von der Leyen. En caso de que se produzca una crisis política con un miembro del Ejecutivo comunitario, si este no acepta dimitir por su cuenta, el Parlamento Europeo tiene la capacidad de derribar entonces a toda la Comisión Europea, lo que desencadenaría una crisis formidable en Bruselas.