caso 'de miguel'
El Supremo confirma las condenas del caso 'De Miguel', el mayor escándalo de corrupción del PNV
Alfredo de Miguel, que seguía ocupando un cargo vinculado al Gobierno vasco, recibe una condena de más de 12 años de cárcel, aunque solo tendrá que cumplir
Bilbao
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Iniciar sesiónEl Tribunal Supremo confirma las condenas por corrupción que impuso la Audiencia de Álava en el caso 'De Miguel', el mayor escándalo de corrupción que afecta al PNV. Considera probados los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ... ilícita y blanqueo de capitales y tan solo realiza unas correcciones técnicas que suponen una rebaja en la condena final de unos pocos meses. Mantiene por tanto para Alfredo de Miguel, principal cabecilla de la trama, una pena de 12 años y 4 meses de cárcel, aunque solo tendrá que cumplir 9. También entrarán en prisión Luis Felipe Ochandiano y Carlos Aitor Tellería , que junto con de Miguel formaban parte del 'Araba Buru Batzar' (la dirección del PNV en Álava). Al primero le impone un castigo de 7 años y medio de prisión y al segundo de cinco años y un mes.
Los magistrados del supremo avalan el grueso de la sentencia que emitió la Audiencia Provincial de Álava en diciembre de 2019. Considera probado que los acusados se valieron de su «capacidad de influencia política» como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV para favorecer a determinados organismos a la hora de adjudicar contratos. Aseguran los magistrados que se los concedían a «empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión».
Para encubrir el cobro de dichas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades pantalla que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. «Eran sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros», reza la sentencia.
Una de ellas es la denominada 'Kataia Consulting SL', que figuraba a nombre de las mujeres de los condenados. Por todo ello, recuerdan los magistrados, también existen condenas a dos de las esposas de los acusados, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia , por considerarlas «responsables de los delitos de blanqueo de capitales y de cooperación en la asociación ilícita». El Supremo confirma ahora la pena 1 año y seis meses de cárcel que impuso la Audiencia Provincial de Álava, así como la multa de 180.000 euros.
Los acusados utilizaron otras dos sociedades pantalla denominadas 'Errexal SL' y 'Muga SL', constituidas bajo la titularidad «simulada» de Josu Azkárraga Montes e Iñaki San Juan Bilbao. La sentencia explica que Azkarraga y San Juan también ayudaron en la comisión de delitos y en la recaudación de comisiones desde la gestión societaria. Por todo ello les considera cooperadores de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita y confirma para cada uno de ellos las penas de más de 4 años de prisión.
Influir en licitaciones
Además, la sentencia del Supremo también condena a los tres políticos, de Miguel, Ochandiano y Tellería, por influir en las licitaciones para conseguir que algunos contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, lo que les permitía lograr «mejores beneficios». Incluso hubo ocasiones en las que consiguieron que la Administración les pagara por trabajos «que no realizaron nunca».
La sentencia destaca que estos contratos administrativos fueron otorgados por organismos públicos «también regidos por el Particdo Nacionalista Vasco», como el Parque Tecnológico de Álava o el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Los magistrados consideran que se «aprovechó la influencia política que los acusados tenían sobre algunos integrantes de esas corporaciones, y que los responsables terminaron proponiendo las adjudicaciones «por amiguismo». Por todo ello, la sentencia también condena a algunos de los que en aquella época eran los máximos responsables de los organismos adjudicadores. Es el caso de Alfonso Carlos Arriola, que fue gerente del Parque Tecnológico de Álava; Francisco Javier Sánchez, director entonces de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura; o María Justina Angulo Ocio, en la época juzgada alcaldesa de la localidad de Zambrana. Los dos primeros reciben una condena de siete años de cárcel y la tercera, de cinco años.
La Audiencia de Álava también condeno a varios empresarios que pagaron comisione spor «impulsar la actuación ilícita» y «favorecerse» con ella. Solo dos de ellos recurrieron la sentencia ante el Supremo y el alto tribunal confirma ahora su responsabilidad penal en lo ocurrido.
En la práctica, la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, apenas incluye alguna corrección técnica sobre la emitida por la Audiencia alavesa. En concreto, absuelve a los principales acusados de alguna actuación aislada por entender que no se probó lo suficiente que conocían la irregularidad de los procedimientos. Todo ello se traduce en una rebaja de pocos meses en la sentencia final, que confirma la gravedad de la trama de corrupción que actuó en Álava.
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